Penurias indígenas de Canadá llegan a ONU

El funcionario recorrió del 8 al 14 de octubre diferentes reservas de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, dialogó con nativos, ejecutivos de esas provincias, la policía y líderes partidistas de cuestiones como el acceso al agua potable, la vivienda y la educación de los autóctonos. “Con todo lo que he aprendido, la única conclusión posible es que Canadá se enfrenta a una crisis respecto a la situación de las comunidades aborígenes del país”, resumió el experto al dar a conocer los resultados preliminares de su investigación.De acuerdo con Anaya, uno de cada cinco nativos enfrentan serias dificultades habitacionales y la tasa de suicidios entre los jóvenes es alarmante, o sea cinco veces mayor que la población no autóctona.“Uno de esos asentamientos registra un suicidio cada seis semanas desde el comienzo de 2013”, dijo Anaya en una conferencia de prensa. El experto contrastó que mientras Canadá figura entre las naciones más prósperas del planeta y tiene un alto nivel de desarrollo humano, su población aborigen vive en condiciones similares a las de los países extremadamente pobres. A su juicio, las grandes brechas socio-económicas que arrastran ese sector son secuelas directas del período de las escuelas residenciales, donde al menos 150 mil niños originarios estuvieron años segregados para ser “educados” en los usos y costumbres de la sociedad occidental.El Gobierno y la Iglesia dirigieron ese tipo de centros, los cuales funcionaron desde 1883 a 1990 y están acusados de tortura, abuso psicológico y físico a los infantes internados en contra de su voluntad y las de sus familias.De acuerdo con cifras del Estado, en las escuelas residenciales murieron al menos 50 mil alumnos a causa del mal tratamiento de enfermedades como la gripe y la tuberculosis, así como de accidentes y maltrato. Dicho proyecto generó un trauma social y personal porque a los menores se les obligaba a trabajar entre 10 y 12 horas diarias sin recibir remuneración alguna ni alimentación adecuada.Incluso, recientemente se supo que mil 300 individuos recluidos en esas instalaciones fueron objetos involuntarios de diferentes experimentos nutricionales, liderados por científicos del Gobierno y de Estados Unidos.En ese punto, Anaya exhortó a las autoridades de Ottawa a extender por tiempo indefinido el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer los hechos ocurridos en ese sistema educativo.Por otro lado, pidió lanzar una investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de al menos 600 mujeres y niñas indígenas en los últimos 50 años. Según un informe internacional, muchas de las víctimas fueron asesinadas, maltratadas y violadas por agentes de la policía, pero el Gobierno no indagó lo suficiente en ningún caso, no buscó culpables y sigue sin adoptar recursos legales para evitar esos crímenes.Asimismo, recomendó a las autoridades canadienses a frenar la reforma educativa de las comunidades originarias que debe ser presentada este otoño en el Parlamento.“Solicito al Gobierno que no prosiga con esta legislación y, en cambio, que reinicie discusiones con los líderes indígenas para desarrollar un proceso y en última instancia un proyecto de ley que responda a sus propias preocupaciones”, añadió el experto.Canadá puede responder al reporte de Anaya antes de que entregue su versión final a la ONU en septiembre de 2014.En 2011, el relator criticó con dureza a Ottawa por las condiciones “tercermundistas” de los mil 800 habitantes de la comunidad Attawapiskat, carente de agua potable, servicios sanitarios y con muchas casas sin ventanas. Dicha tribu está situada a pocos kilómetros de una de las mayores y más lucrativas minas de diamantes del país norteamericano.Canadá es hogar de un millón 400 mil 685 nativos distribuidos en las comunidades mestizas o Metit, las esquimales o Inuit, y las Primeras Naciones.Los originarios desde el año pasado arreciaron las presiones contra la administración conservadora del primer ministro Stephen Harper en busca de respuesta federal a las múltiples problemáticas socioeconómicas y las inequidades consecuentes de las férreas políticas fiscales del Estado.Además de Anaya, se espera la visita en los próximos meses de los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Ahora resta esperar si el Gobierno tomará en cuenta las recomendaciones que surgen de esas inspecciones internacionales e implementen medidas inmediatas y decisivas para poner fin de una vez a la larga historia de indiferencia, abuso y exclusión de las comunidades ancestrales de las tierras canadienses.