Una Columna de la Patria Grande

Si bien se han recuperado importantes yacimientos mineros como el caso de Huanuni, Porco, Bolívar y Colquiri de la suiza Glencore, la misma que “adquirió” de COMSUR de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la fundición de Vinto, aún no se tiene una política integral del sector minero. En los...

Si bien se han recuperado importantes yacimientos mineros como el caso de Huanuni, Porco, Bolívar y Colquiri de la suiza Glencore, la misma que “adquirió” de COMSUR de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la fundición de Vinto, aún no se tiene una política integral del sector minero. En los últimos días se ha manifestado, desde el ámbito de las autoridades, que COMIBOL será reestructurada para convertirla en una empresa corporativa.La transnacional japonesa Sumitomo, que tiene bajo su administración la mina San Cristóbal, es la empresa que mayor poder tiene en Bolivia y, junto a las otras empresas de la Minería Mediana, controlan más el 75% de la producción y exportación de minerales concentrados, especialmente zinc, plomo y plata, productos que tienen altos precios en el mercado mundial. En los últimos cinco años el valor de la producción minera tuvo montos record por encima de los 3.000 millones de dólares anuales, sin embargo los niveles de pago de impuestos y regalías no llega ni siquiera al 10% por ciento, siendo, por tanto, un sistema de saqueo de los recursos naturales, sin réditos para el país y las regiones.A pesar del peso económico-financiero de estas empresas de la mega-minería, la cantidad de trabajadores que emplean es muy pequeña y no pasa de los 8.000 obreros, en tanto que las empresas mineras estatales tienen alrededor de 7.000 trabajadores y las denominadas Cooperativas Mineras, que participan con alrededor del 20% de la producción, tienen casi 70.000 trabajadores. Sin embargo las cooperativas mineras han conseguido muchas ventajas del gobierno en la dotación de concesiones, reducción de contribuciones impositivas e incumplimiento de normativas ambientales aprovechando su peso numérico y su movilización política.Un aspecto poco claro es el relacionado a la comercialización y exportación de minerales, campo en el cual el Estado tiene muy poco control, tanto en las cantidades como en la composición de los concentrados exportados que, según versión de técnicos del sector, tendrían una composición con otros minerales raros y con importantes precios en el mercado internacional, lo que significa fraude y engaño al país.En lo que corresponde a los procesos de incorporar mayor valor agregado y desarrollar la fundición de minerales y la industrialización de metales, la situación aún es muy precaria. La Fundición de Vinto es la única que está en pleno funcionamiento bajo la administración del Estado, sin embargo la Planta de Karachipampa, que pasó por negociados, parálisis y ausencia de decisiones, todavía no entra en funcionamiento al igual que el fracasado proyecto siderúrgico del Mutún.Las proyecciones de la explotación e industrialización del litio en el Salar de Uyuni por parte del Estado han creado grandes esperanzas e interés económico, tomando en cuenta su proyección e importancia en las grandes industrias tecnológicas del presente y el futuro, el avance de las mismas es lento y varias empresas transnacionales coreanas, chinas y europeas han manifestado su interés en ingresar al estratégico y millonario negocio.Un tema preocupante está relacionado a los conflictos que se han generado en los últimos años y que corresponde enfrentarlos con una política y un plan estratégico al respecto. Los enfrentamientos en Huanuni y Colquiri entre trabajadores asalariados y cooperativistas mineros con el saldo de muertos y heridos, las tomas de minas en varias regiones Oruro, Potosí y La Paz, los violentos choques entre mineros y comunidades originarias se han repetido y creado incertidumbre y caos.Por todo esto es imprescindible desarrollar una política nacional minera sobre la base de la nacionalización de los recursos, el fortalecimiento de COMIBOL, el control de la producción y la comercialización, la aplicación de impuestos y regalías a todos los subsectores, la regularización de concesiones, el impulso de las fundiciones y la industrialización, con un Estado Nacional fuerte y ordenador del sector.*Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, actualmente Director de la Carrera de Sociología de la UMSA.


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