A la acción, vienen las reacciones

Caso concreto de la política de nacionalizaciones implementada desde 2006 en el país que representa una acción política que –física y económicamente- generaron una obvia reacción: hay causas judiciales surgidas ante tribunales internacionales.Aunque no se conocen las cifras de arreglos con asesores y abogados por concepto de honorarios ni pagos que el estado boliviano debe hacer por la defensa de sus intereses, hay como 12 causas internacionales que -en la vía de procesos de arbitraje o dinámicas alternativas directas de solución de controversias- seguramente van a generar un coste a las arcas del estado. Por ello sería importante que algún senador o diputado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, pregunten al Ejecutivo cuales los montos de honorarios y quiénes están a cargo de la defensa de Bolivia en esos escenarios internacionales en donde los afectados han expuesto sus reclamaciones por saber sus derechos vulnerados.Las cifras indemnizatorias que se señalan en la prensa están al rededor de los 1000 (mil) millones de dólares y algo mas, considerando daños, perjuicios y otros montos que seguramente se adicionarán a la principal reclamación. Obviamente para llegar a esos montos indemnizatorios se deben cumplir con previas evaluaciones técnicas y peritajes.Más allá de las consideraciones estrictamente técnico-jurídicas, que si los derechos están o no vulnerados; que si se han cumplido contratos; que si se han acudido a escenarios jurisdiccionales idóneo; se tiene que tener en mente que lamentablemente estas causas dicen mal de un país. Sólo Venezuela tiene tal cantidad de reclamaciones internacionales por montos millonarios. Igual que Bolivia. Y la imagen del país es la que se deteriora al final. Porque en éstos procesos hay un claro deterioro de la imagen de Bolivia.Recordemos que el actual régimen sometió a nacionalizaciones a capitales de una veintena de compañías privadas que tiene sus sedes principales fuera del país, y que tiene capitales e inversiones circulando en todo el mundo. Se podría inferir -de manera general- que esos capitales invertidos en Bolivia tuvieron la “mala experiencia” de haber sido objeto de “nacionalización” figura cercana a la confiscación y sus derechos vulnerados porque los contratos que han suscrito -al margen de la consideración si eran muy buenos o muy malos- existe un elemento que no debe perderse de vista: la fe de un estado se compromete al suscribir un contrato. A esas compañías internacionales -hoy sometidas a nacionalización en Bolivia- seguramente no sólo les causó disgusto, pérdida, costos, sino además un costo de oportunidad por haber venido a Bolivia en vez de ir a otros estados con mayor seguridad jurídica. De esa veintena de compañías sometidas a nacionalizaciones el estado boliviano ya habría pagado cerca de 615 millones de dólares. Eso muestra que las nacionalizaciones no son un buen negocio porque al final hay tres tipos de pérdida: primero por el pago persé de la indemnización; segundo por la pérdida de imagen del país; y tercero por la pérdida de oportunidad de atracción de otros capitales a invertir. Muchos analistas aseguran, además, que éstos procesos nacionalizatorios tampoco han generado utilidades adicionales al país.La política de nacionalizaciones seguramente va a continuar en otros escenarios de la economía boliviana. Primero fue en hidrocarburos, luego en electricidad, minería y seguramente el agro, la industria y el comercio que tiene fuertes capitales externos en inversiones seguramente podrían ser parte de ese esquema de nacionalizaciones.Las controversias judiciales, internacionales, han dañado notoriamente la imagen de Bolivia en el exterior. Nos pinta ante los capitales externos como un estado forajido, que no respeta las reglas, los pactos y los contratos. Esa imagen, que cuesta ganarla, sera difícilmente recobrada –particularmente en el mundo del capital y de las inversiones- mas aún si también el país, a parte de tener la “fama” de “nacionalizador” tiene profundos cuestionamientos en derechos humanos, democracia e institucionalidad; pero ese es otro tema.* MBA. Analista.