Una situación injusta

los códigos y las normas morales que rigen a esa sociedad, como es el caso de la violación y la sociedad donde se presenta no parece ni siquiera conmovida, el caso es grave.Y eso es lo que está pasando en Tarija, donde según reporte de las autoridades correspondientes el año pasado los delitos de violación se duplicaron y pasaron de mil. Aquí, el problema no es de estadísticas demográficas ni nada por el estilo. Reiteramos, un caso debe conmover, porque sus víctimas son principalmente mujeres y en alta proporción son menores de edad. Cuando en un año se habla de más de mil víctimas, ya no existe adjetivo para referirse al caso.Y en realidad deben haber sido muchos más, porque todavía estos atropellos quedan a menudo sin denunciar, por amedrentamiento de las víctimas o de sus familiares y porque la denuncia suele significar para la víctima someterse a mas atropellos, esta vez cometidos por “autoridades” policiales o judiciales que carecen de la formación apropiada para atenderlos.Es oportuno señalar que nada de lo que se comenta aquí son especulaciones, porque fue precisamente un funcionario del poder judicial quien hizo alusión al tema El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Ernesto Mur, declaró que “el órgano judicial tarijeño hará énfasis en resolver rápidamente este año los casos de violación y estupro cometido contra mujeres y menores de edad, luego de develarse que el año 2012 se duplicó la cifra de casos a más de mil.Pero el doctor Mur dijo más: dijo que se priorizará la conclusión de casos de violación, estupro y trata de blancas, que en Tarija crecen desproporcionadamente y que es de gran preocupación, no solamente para la población, sino de forma particular para quienes administran justicia y manejan las leyes en el país.Sabemos, sin embargo, que precisamente esas personas, las comisionadas para administrar justicia, son quienes con más frecuencia caen en la anomía, o para llamarla con su nombre criollo, la “chicana”, que es el recurso perverso para torcer la justica y para el cual ni siquiera se habla de posibles o probables “cambios”.Una vez más, se siente la necesidad de que alguien vigile a los vigilantes o, como ya hemos planteado en otras ocasiones, funcione algún sistema apropiado de control social, que tanta falta está haciendo no solamente para vigilar el gasto público, sino para controlar a los controladores oficiales, en este caso específico a los administradores de la “justicia”, que tenemos que ponerla entre comillas, porque los hechos que ahora comentamos, le quitan su dignidad y consiguen, más bien, indignarnos a quienes llegamos a conocerlos superficialmente.En situaciones como esta es cuando sería oportuno ver actuar a comités cívicos y organizaciones similares de la sociedad civil.Pero tememos que nos quedaremos esperando.