Investigaciones eternas

Lo que si parece haber logrado y con gran éxito, es la paralización de la gestión pública y la activación casi ilimitada de juicios penales que, en muchos casos, tienen visos de persecusión política y hasta de consorcios entre jueces, abogados y políticos oficialistas.La escasa preparación profesional y experiencia de los funcionarios públicos, amedrentados por la aplicación sin ton ni son de las sanciones previstas en la citada Ley Quiroga Santa Cruz, ha acrecentado la inseguridad y el temor de tomar decisiones ejecutivas y administrativas. Todo es visto desde el ángulo de lo penal. Todos son sospechosos de ser delincuentes. Las situaciones llegan al extremo de incurrir en otro delito: la negligencia por falta de acción o, peor aún, los excesos administrativos en contra de los administrados. Pero también hay síntomas de aprovechamiento de la situación con fines también delictuosos y que parecen haber unido a parlamentarios, abogados y jueces para amedrentar a autoridades electas. De hecho, cuando se produjo la detención preventiva del ejecutivo seccional de Villa Montes, éste dejó entrever que recibió extrañas visitas de enviados de parlamentarios o de ellos en persona, quienes a cambio de “favores”, se ofrecían a liberarlo de procesos investigativos. Este ofrecimiento sólo es posible si están involucrados los jueces y los abogados de una y otra parte.También parecen haber síntomas de excesos en la función de algunos operadores de la justicia. Hay infinidad de denuncias que, con evidente tufo político, se han iniciado hace años y las investigaciones en sede del Ministerio Público se eternizan, sometiendo a los involucrados o investigados a indefinidas “medidas cautelares”, que la ley las autoriza sólo mientras dure la investigación, pero no para que sean eternas e ilimitadas. Al parecer, la poca independencia de los funcionarios judiciales impediría rechazar denuncias o sobreseer a los imputados por falta de pruebas, por lo que prefieren alargar indefinidamente las “investigaciones”, sometiendo a los procesados a sufrir virtuales condenas sin sentencia e incluso a la aplicación retroactiva de normas en franca violación a las más elementales garantías constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso. ¿Cuál es el factor común en esos excesos? Al parecer escasa formación profesional y ética de funcionarios públicos, autoridades judiciales y hasta parlamentarios denunciados de tráfico de influencias y de uso político del aparato judicial. En el contexto anotado, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en vez de combatir la corrupción, parece estar generando nuevas formas de hechos ilícitos y delictivos. Mientras no se trabaje colectivamente en la cualificación ética, en la formación profesional del mejor nivel posible de los funcionarios públicos de los cuatro poderes del Estado, esa ley sólo servirá para dañar antes que combatir la corrupción pública. Los efectos tempraneros ya los estamos viviendo y sufriendo todos en diversa medida. En Tarija no sólo se vive un ambiente social enrarecido, confrontado, tenso. Además sufrimos todos una suerte de crisis económica sentados en una baúl de dinero. ¿Hasta cuándo?