¿Dónde están las constructoras bolivianas o dónde está el “cambio”?

cuya sigla es “EBC”, la cual podrá ejecutar obras de infraestructura firmando contratos con entidades públicas o estatales.Al justificar esta iniciativa, Morales dijo que cuando el Estado quiere hacer obras grandes, no aparecen las empresas constructoras nacionales y debe recurrir a extranjeras. La autoridad no se explica las razones de lo que él llama la falta de capacidad de las constructoras nacionales para participar y adjudicarse obras civiles de gran tamaño. Eso, según él, llevó al Estado a crear su propia empresa como una supuesta solución al problema. ¿Lo será después de las experiencias del ex Servicio Nacional de Caminos o de varios de los actuales Servicios Departamentales de Caminos?Lo que parece ignorar el presidente (o no le han dicho sus asesores), es que las mismas causas que impidieron que Bolivia industrialice sus minerales o los hidrocarburos perpetuando nuestra condición de país semicolonial, han impedido también que en nuestro país se fortalezcan las capacidades de la empresa privada y pública que se dedica a la construcción. Obviamente, no se necesita ser un agudo observador para darse cuenta de ello, salvo que se tengan los ojos vendados. En efecto, desde la vigencia del modelo de gestión neoliberal en el país, iniciado en este último tiempo el año 1987 con Víctor Paz Estenssoro, se impuso institucionalmente una especie de veto administrativo a la participación de empresas constructoras nacionales en la construcción de obras civiles (principalmente viales) en Bolivia. El entreguismo de esos gobiernos, que dura aún en éste, hizo aprobar normas de licitaciones que impedían, virtualmente, la participación de empresas nacionales, imponiendo condiciones administrativas en los pliegos de contratación casi imposibles de cumplir por empresas bolivianas. ¿Casual o a propósito?Una de ellas, por ejemplo, es el de exigir que las empresas bolivianas acrediten como experiencia específica habilitante la construcción de obras similares a las que se licita por montos que sean una, dos y hasta tres veces el del precio referencial de la obra en cuestión y que esa experiencia haya sido acumulada en los últimos cinco años (condición en los pliegos del Banco Mundial) o diez años (Norma Básica estatal). Ese caso ocurrió, por ejemplo, en la formal licitación de la ruta Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, cuyo precio referencial superaba los 400 millones de dólares. ¿Cual empresa boliviana podría haber acreditado que en los últimos diez o cinco años ejecutó una obra de similar monto? ¿Alguna vez el Estado boliviano, en ese período, invirtió esa cantidad de recursos en una obra similar? Obviamente ninguna. Esa condición sólo podrían cumplirla empresas extranjeras de países en los que sí se invirtió en carreteras y, a la vez, se protegió a la industria de la construcción en ese país, cosa que en Bolivia no ocurrió. La norma, en consecuencia, no se ajustó ni se ajusta aún a la realidad nacional, perjudicando el desarrollo de la empresa privada boliviana en benefico de la extranjera. La licitación, en tal caso, resulta una mera formalidad, un absurdo, tanto como el reclamo de Morales contra las empresas constructoras nacionales. El reclamo sólo es consecuencia del desconocimiento del inmediato pasado en el que prevalecen los serios cuestionamientos a la contratación sin licitación y/o con financiamientos condicionados, a empresas extranjeras como OAS, en el actual régimen de gobierno, con la consiguiente fuga de divisas, tal como antes ocurrió con Andrade Gutiérrez (Brasil) y Queiroz Galvao (también Brasil), entre otros casos.La contrapregunta es obvia. ¿Porque no abrogó esa norma de contratación el actual gobierno del cambio y, peor aún, aprobó una similar (D.S. 0181)? ¿Dónde está el cambio? ¿Mantuvo la misma lógica que sus antecesores precisamente para favorecer a OAS y otras empresas extranjeras contratadas durante el actual régimen? ¿Que innovaciones tecnológicas trajeron estas empresas que las nacionales no puedan hacerlo?Al aprobar la creación de la EBC casi seis años después de empezar a gobernar Bolivia, Evo hizo algo que debió hacer a inicios del 2006, pero para fortalecer a las empresas bolivianas y no sólo a la de reciente creación: la exime sólo a ella de la obligación de demostrar experiencia general y específica empresarial, lo que la habilita para competir con empresas bolivianas y extranjeras en desigualdad de condiciones, por un lado, y, por otro, compromete el patrimonio de los bolivianos, del Tesoro General de la Nación, para que la EBC pueda presentar garantías contractuales (cumplimiento de contrato, por un valor equivalente al 7% del monto del contrato que se adjudique, y buena inversión de anticipo, por un valor de hasta el 20% del monto de la obra). De ninguna de las dos ventajas gozan las empresas bolivianas con las que competirá EBC.Volvamos al ejemplo anterior. En el hipotético caso que una empresa boliviana se hubiese adjudicado la obra Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por 415 millones de dólares, esa empresa tendría que acudir a un banco boliviano para que le extienda una garantía de cumplimiento de contrato por 30 millones de dólares y otra de buena inversión de anticipo por 93 millones de dólares,  haciendo un total de 123 millones de dólares. Ni un sindicato de bancos bolivianos estaría en condiciones de emitir esos volúmenes de garantías sin incumplir la normativa de regulación bancaria vigente, también heredada de la época neoliberal. La EBC podrá hacerlo porque será el patrimonio de todos nosotros los que respaldaremos esos riesgos, incluyendo la posibilidad de que los ejecutivos de EBC incurran en corrupción tras recibir los anticipos.Con semejantes camisas de fuerza, ¿que empresa privada constructora boliviana podría crecer como las de países vecinos, cuyos gobiernos, contrariamente, las fomentan y fortalecen? A Queiroz Galvao y OAS las protegió el gobierno brasileño cuando Evo las expulsó del país. ¿Que gobierno protege a las bolivianas? Queda claro que una de las primeras tareas del flamante Tribunal Constitucional Plurinacional será la de abrogar las evidentes inconstitucionalidades del decreto creador de la EBC. Otra tarea para los actuales gobernantes es la de profundizar sus conocimientos de historia reciente de Bolivia y leer mejor la realidad nacional relacionada a una de las actividades más generadoras de empleo: la construcción.