TIPNIS, BM, USAID, BNDES

Lo curioso es que están vinculadas por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) estrenada el 2009.La lucha del presidente Evo Morales por vencer la resistencia de los indígenas asentados en el Parque Nacional Isiboro Sécure es, en consecuencia, una pelea frontal contra la CPE que su propio gobierno redactó y aprobó. Veamos.El Territorio Indigena que abarca el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), tiene privilegios constitucionalizados propios de un virtual Estado independiente: pueden definir y gestionar formas propias de desarrollo económico, social, organizativo y cultural, así como gestionar y administrar sus recursos naturales renovables. Administran y preservan áreas protegidas en su jurisdicción (es el caso del Parque) y tienen facultades para ejercer la jurisdicción indígena originaria campesina para la “aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios”. Construirán, administrarán y mantendrán su propia “infraestructura necesaria para el desarrollo de su jurisdicción”. Todo lo anterior y más, está detallado en el artículo 304-I de la CPE como competencias “exclusivas” de las autonomías indígenas.Naturalmente, el Banco Mundial y Usaid estuvieron desde el año 2006 muy activos detrás de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de los asambleístas constituyentes que, supuestamente, redactaban esa CPE hasta su aprobación. No es extraño, por tanto, que el presidente Morales denuncie ayer las llamadas de teléfono recibidas por el asesor de la CIDOB, Eliseo Abelo, y el dirigente de la Confederación Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe de parte de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz alentándolos en su marcha anti carretera.Por eso resulta incoherente, por decir lo menos, que el mismo día en que Morales denuncia la supuesta intromisión extranjera en asuntos internos, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se anuncie la firma de dos nuevos “créditos” del Banco Mundial a Bolivia para destinarlos a la producción de alimentos (40 millones de dólares para  financiar el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), y 39 millones de dólares para el Proyecto de Innovación y Servicios Agrícolas (PISA), dinero que llegará también al  Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y al Sistema de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia).Con esos “créditos”, que vienen siempre condicionados, Bolivia persiste en el empeño propio de épocas neoliberales de mantener su dependencia financiera y tecnológica de los brazos operadores de intereses antinacionales. Lo hace, además, pese a contar con recursos de su propio ahorro nacional que, en vez de volcarlos al desarrollo agropecuario e industrial, así como a la infraestructura, insiste en enviarlos a paises y entidades a las que, paradójicamente, solicita financiamiento concesional.La carretera Villa Tunari - San Ignacio (Cochabamba - Beni) debe construirse. Es un imperativo nacional lograr ese objetivo como lo es en el ámbito departamental la construcción de la ruta Entre Ríos a Villa Montes tanto por la variante que transcurre entre Saladito, Serrania Tapecua, Itaguazuti hasta La Central por cuenta de la Gobernación, como por la red vial fundamental por Palos Blancos, cuya responsabilidad es de la Administradora Boliviana de Carreteras, dado que se complementan y ambas integran espacios geográficos dispersos y olvidados. Pero deben construirla los bolivianos y empleando el ahorro nacional en ello. La empresa privada nacional debe crecer junto al resto del país. Por ello, para ventilar ese tufillo del sobreprecio que rodeó el contrato firmado con la empresa constructora brasileña OAS para esa vital ruta y el expansionismo brasileño subyacente en él, Evo tendrá que rectificar aunque sea en parte el sometimiento a condiciones crediticias del BNDES (el banco brasileño que pondrá el dinero a condición de que una empresa de ese país construya la obra) y aliarse con su propio país, incluyendo a la empresa privada nacional.Es, ni duda cabe, una batalla que se debe ganar para ponerle límites concretos y reales a los excesos de la CPE.