Los caminos deben conducir al Chaco

que data de hace siete décadas como carretera de terraplén y cuya construcción a nivel de asfaltado corresponde a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha motivado la apertura de un  debate departamental sobre la vinculación vial al interior del departamento, sobre todo en lo relativo a la integración física del Chaco con los valles chapacos. El debate, al tratarse de un asunto de desarrollo de la infraestructura departamental que hace a la producción agropecuaria, forestal, pesquera y turística, debe ser, necesariamente, de tipo cívico, al margen de consideraciones políticas que sólo contaminarán las relaciones entre los tarijeños y dividirán antes que unir.Las rutas viales deben ser, por definición, unificadoras e integradoras. Las dos rutas deben unir al Departamento y vincularnos estrechamente. Jamás dividirnos.Si revisamos el curso que siguen cada una de las rutas detalladas en el primer párrafo y las observamos en el mapa departamental tarijeño, veremos que la primera incursiona en un territorio que se ha mantenido en toda la historia de nuestro departamento al margen de la vida económica y cultural. La apertura de un camino asfaltado de primer nivel por ese trazo, como ocurre ahora, permitirá incorporar vastas zonas con posibilidades de competitividad económica a la producción de alimentos, cosa que hoy no ocurre. La segunda ruta detallada, que es el camino actual de Tarija al Chaco, y que se construyó hace al menos siete décadas, es y será necesario construirla también a nivel de asfaltado como ruta de primer nivel, dado que atraviesa otra zona que está en franco crecimiento y vincula a comunidades que, si bien cuando se la construyó casi no existían, ahora se han desarrollado y aportan con su actividad económica al desarrollo del departamento. Pero Tarija debe exigir a la ABC que cumpla con su obligación legal e institucional de asfaltar de extremo a extremo ésta ruta, dado que es su competencia hacerlo y cuenta con los instrumentos legales (leyes expresas) que le conminan a enfrentar ese trabajo.Ambas atraviesan serranías con topografía abrupta, lo que impone la inversión de recursos suficientes para hacerlas seguras, de modo que se preserve la vida de los campesinos y ciudadanos que las utilicen, más aún si por la coyuntura histórica favorable, Tarija tiene recursos para enfrentar ese desafío.Vistas así las cosas, no parece pertinente plantear el dilema de hacer una u otra ruta. Se impone hacer las dos: una con recursos departamentales y otra con recursos nacionales y contraparte local (que, además, ya se habría pagado por anticipado en la construcción de tramos de la red vial fundamental con recursos exclusivamente departamentales). Ningún camino está demás, más aún cuando la primera ruta integrará una extensa zona abandonada históricamente por las propias autoridades departamentales. Los indígenas que la habitan son también tarijeños.Según la información proporcionada profusamente por las autoridades departamentales, en la primera ruta ya se han invertido casi dos decenas de millones de dólares y las obras se encuentran en plena ejecución. La sola desmovilización de los equipos que están trabajando desde el pasado año, tendrá un elevado costo para el Gobierno Departamental, amén de los recursos ya invertidos.En los medios de comunicación locales se han manifestado voces a favor y en contra de la decisión de suspender aún sea temporalmente la ejecución de las obras. Muchas de esas opiniones, lamentablemente, han estado contaminadas de criterios políticos, lo que las desvaloriza o las hace sospechosas. Se impone entonces un debate a fondo, con información clara y precisa de parte de las autoridades que tienen a su cargo el tema, más aún cuando entre los elementos a tomarse en cuenta, tendrá que reconocerse, así no guste a muchos, que la decisión de abrir la ruta nueva estaba planteada en un plan de gobierno expuesto en un proceso electoral que ganó la preferencia electoral en abril del pasado año. Es, en consecuencia, una decisión legitimada por el voto. Será prudente, en consecuencia, que un cambio de rumbo cuente con un mínimo de consensos tanto técnicos como regionales.