De abogados y jueces

Hasta ahora solamente había quedado establecido que no se pretendía, de ninguna manera, equipar esa elección a un concurso de popularidad y que, por lo tanto, todo tipo de publicidad en los medios, inclusive la “indirecta” o camuflada de información, estará prohibida.La semana pasada volvieron a entrar en materia, al referirse el presidente de los diputados a “los abogados que trabajaron o estuvieron implicados en los gobiernos dictatoriales y aquellos que defendieron y defienden al narcotráfico” para señalar que no podrán participar en la elección de magistrados prevista para octubre.Aunque debería ser una de las profesiones más “nobles” por estar relacionada con la justicia, la de abogado, lamentablemente ha sido envilecida, para perjuicio de los mismos abogados buenos y honestos. Porque que los hay los hay, aunque el humor popular lo niegue.Por eso es que quienes más deben interesarse en las cuestiones éticas y deontológicas que inevitablemente traerá a debate la elección de octubre, son los abogados. Y nos imaginamos que muchos deben estar sinceramente ocupados en eso.Pero no todos, lastimosamente, porque la anomia, llamada popularmente “chicana” se ha institucionalizado y se ha vuelto tradicional en el ejercicio del derecho en Bolivia. En ciencias sociales, la anomia es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. El término se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales, no de las leyes (esto último es “delito”).Recurrir a argucias de toda índole, recusaciones, postergaciones, omisiones y cualquier recurso del complejo procedimiento judicial, con el evidente propósito de impedir, perjudicar o por lo menos estorbar la aplicación recta de la justicia, es decir “chicanear” es algo que los buenos abogados tienen que erradicar de las prácticas de su profesión. Esta oportunidad de octubre es magnífica para avanzar en eso.La deontología profesional es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Deberían ser las organizaciones de profesionales, los colegios de abogados en este caso, quienes determinen dichas normas y, a su vez, se encarguen de ponerlas por escrito en sus códigos deontológicos.Costará mucho tiempo y esfuerzo, pero es probable que si lo hacen bien la ciudadanía, la gente deje de creer, como ahora, que es “mejor un mal arreglo que un buen pleito” y vuelva a confiar en “sus” abogados y en “sus” jueces.Porque ese es el espíritu de este “experimento” inédito que ya está en marcha: la elección popular y directa de los jueces y magistrados.