Más sobre la minería

Sobre la primera, el ministro de Minería, José Pimentel, ha anunciado que es probable que la tengan lista para el 1 de mayo próximo, fecha litúrgica de homenaje a los trabajadores, pero también susceptible de manipulación política.Sobre la segunda (Ley de Hidrocarburos), el ministro del sector, José Luis Gutiérrez, ya ha dicho a dónde apuntan los cambios que proyectan las autoridades gubernamentales: “se irá trabajando para mejorar la Ley, que favorezca a la rentabilidad de las empresas privadas, para que de esta manera tengan el interés de invertir en el país, bajo el contexto de mejorar la renta petrolera, porque aquí tenemos que ver que no es cuestión de ley sino de participación”. Más claro agua. Lo que Gutiérrez debiera hacer es informar de ésto al Presidente Evo Morales, para que éste sintonice su discurso con lo que están haciendo sus ministros y ya no hable más de nacionalización del gas. Pero ocupémonos ahora de la minería. La nueva ley debe estar asentada en principios claros de soberanía nacional, de sostenibilidad sin daño ni deterioro al medio ambiente; debe tener, además del control explícito del Estado sobre los recursos naturales (que no son del gobierno, sino del Estado, que somos todos), conceptos claros de participación, para que no se repita, por ejemplo, lo de San Cristóbal, donde por cada cien dólares que obtiene el concesionario a duras penas al Estado le toca uno (y eso, haciendo cuentas más bien tolerantes y conservadoras).El hecho de que la posible ley de promulgue el próximo 1 de mayo, antes que felicidad, el anuncio contagia temor, congoja, casi angustia, si tomamos en cuenta la suerte que tuvo el decreto nacionalizador del gas, promulgado también un 1 de mayo de 2006, pero vapuleado y destronado seis meses después, el 29 de octubre de ese año, con la suscripción de 44 contratos petroleros.El ministro Pimentel ya aclaró los alcances limitados de la nueva ley minera: no afectará a las grandes minas en actual explotación. Sumitomo puede quedarse tranquila en San Cristóbal, explotando 2 millones de dólares diarios de minerales a cambio de ‘regalías’ equivalentes al 3% de ese valor (Sumitomo, vale la pena aclarar, se lleva centenares de vagones de tierra mineralizada. No procesa un sólo lingote de plomo, zinc, plata u otro mineral que explota. Es pura materia prima básica).El argumento es que esas minas no eran de propiedad del Estado boliviano, aunque no aclara quien es el propietario de esas vetas. Las que se ‘recuperarán’ (se cuida de decir ‘nacionalizarán’) son seis mil concesiones mineras, de las cuales sólo dos mil están en operación, según datos oficiales.Pero vale la pena recordar la situación del sector minero en general.La disposición transitoria octava de la Constitución Política del Estado (CPE) estipula que en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo (éste plazo venció en diciembre de 2010), “de dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano”. ¿Letra muerta?Lo anterior quiere decir que la actual explotación minera carece de base legal y contractual, debido a que, por mandato constitucional, las concesiones quedaron sin efecto alguno desde diciembre de 2010. Sumitomo, Glencore, Coeur D’Alene y otras grandes corporaciones, en consecuencia,  están, literalmente, explotando al país y nadie dijo nada hasta ahora.El ‘gasolinazo’ de diciembre de 2010 (ese mes Evo debió haber anunciado la recuperación de todas las concesiones mineras y no un decreto que imponía nuevos impuestos a la gasolina y diesel para pagar más precio por barril de petróleo a las petroleras), permitió despertar la atención de la población en su conjunto y vigilar qué es lo que hace el gobierno. La modorra inoculada vía bonos dejo de tener efectos.Lo que corresponde ahora es vigilar con mucha atención el contenido de la anunciada Ley de Minería, al igual que los retrocesos que anuncia sin matices el ministro de Hidrocarburos en lo relativo a la nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo, según él mismo lo dijo, es que mejore la rentabilidad de las transnaciononales y no de YPFB o de los departamentos productores.¿En Tarija seguiremos amodorrados, sumidos en nuestras peleas menudas, casi estériles, por la repartija de volátiles regalías?