Primero, cuentas claras

Y si de cuentas claras hablamos, es precisamente esa claridad la que está cuestionada. Ahí entra a jugar un papel importantísimo esa palabrita: “transparencia” que, como alguna vez dijimos aquí mismo, no es el nombre de una fábrica de vidrios, sino una calidad exigible en la administración pública, porque la ausencia de transparencia está inversamente relacionada con otra palabra fundamental: “corrupción”.Que las personas que coyunturalmente están en función de gobierno (es decir de administración) y las que no lo están discrepen, es una verdad de Perogrullo. Es, ha sido y será siempre así. Por eso a los políticos hay que prestarle credibilidad relativa.La situación cambia cuando salimos de ese ámbito de perogrulladas y damos un vistazo alrededor. Y encontramos esto:“Los tarijeños no tienen acceso a la información de instituciones públicas”. No es la previsible queja de un político que no hace parte de las instituciones públicas. Es la conclusión de un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) correspondiente a las gestiones 2009 y 2010.Ahí la cosa cambia, porque CEDLA, cuyas investigaciones hemos reproducido aquí en varias oportunidades, no es una entidad del gobierno, ni  una entidad que esté bregando por gobernar. Es, digamos, una institución “neutra”. Una ONG de las buenas (porque también existen ONGs buenas. No muchas, pero que las hay, las hayDice el estudio de CEDLA que Tarija estaría en el último lugar a nivel nacional en cuanto a transparentación (sic) de la administración pública. Según declaraciones del consultor e investigador del CEDLA, Alfredo Colque. “El resultado es producto de una investigación que hizo la institución a las nueve gobernaciones del país”, afirmó.Y dice también que en la antigua administración prefectural era imposible para la ciudadanía acceder a información oportuna y veraz sobre la recaudación de ingresos y asignación de gastos de los recursos que genera la actividad hidrocarburífera en el departamento de Tarija. (Nos consta). Así también, se concluyó en el estudio que era inexistente la participación de la población en el control de los ingresos y la definición y supervisión del gasto público en la ex Prefectura.Esa es la cuestión central. Todo lo demás son arandelas. Puede haber (y habrá) acusaciones, alegatos, recusaciones, apelaciones y un sin fin de recursos, pero lo evidente es que la administración de “la cosa pública” en Tarija estuvo mucho tiempo opaca y todos tenemos el derecho de pedir transparencia, porque cuando se elige a alguien para gobernar no se lo está invistiendo de un poder inviolable, sino encargándole que maneje bien algo. Y se le paga por hacerlo. Se le paga bien, además.No nos dejemos aturdir por la bulla, entonces, hasta cuando con toda certeza podamos decir que sabemos exactamente cómo fue manejada Tarija. Luego, haremos juicios de valor.