Gas: Se debe constituir reservas estratégicas

Entre ellos está (art.20) el derecho al “acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”. Añade que “la provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria con participación y control social”.El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ha reconocido hace tan sólo cinco días atrás, que el último dato sobre reservas hidrocarburíferas que tiene el país data del año 2005 (estuvo oculto el informe hasta, precisamente, hace cinco días) y que tenía sólo 12,8 TCFs de gas y no los 26.7 TCFs que él mismo consideró en la elaboración de la voluminosa Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (2008). Villegas no desmintió que Ryder Scott, la compañía contratada para certificar al año 2009 las reservas de gas, las haya cifrado en sólo 8,86 TCFs, aunque dijo que están evaluando esos informes. Este volúmen de gas no alcanzará más que para ocho años de consumo al actual ritmo de explotación.Sin tener certeza de los volumenes de reservas probadas de gas, el actual gobierno formalizó un contrato de exportación del energético a Argentina por 20 años, para enviarle hasta 27 millones de metros cúbicos diarios (Bolivia consume hoy entre 8 y 9 millones de metros cúbicos diarios (MMCD)). Sorprendentemente, ayer YPFB ha informado que suscribirá una adenda con Petrobras para exportar otros 2 MMCD de gas para la termoeléctrica de Cuiabá (Enron/Shell).Generoso con el patrimonio de los bolivianos, Villegas olvida que cuando Bolivia tenía desabastecimiento de diesel en los años 2006 y siguientes, Brasil vendió diesel a los bolivianos pero sólo a condición que YPFB exporte de manera simultánea a Brasil un volúmen equivalente de petróleo crudo. Esta condición tiene por objeto mantener intactas las reservas estratégicas de los brasileños. En la audiencia pública del pasado 18 de octubre, los ejecutivos de Emtagas (la empresa que vende gas domiciliario y vehicular a los tarijeños) y los transportistas del departamento, expresaron sus preocupaciones por la falta de gas para abastecer a los consumidores domiciliarios y transportistas que se acogieron al plan de reconversión vehicular. El cuadro anterior (reservas escasas e indeterminadas, consumo interno no atendido y acelerados trámites para comprometer más exportaciones poniendo en riesgo el abastecimiento interno), configura un claro atentado a una garantía fundamental reconocida en favor de los bolivianos por nuestra propia CPE. Por otro lado, la disposición transitoria Octava de la misma CPE señala que, en el plazo de un año “desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo” (el plazo vence éste diciembre), los contratos de operación suscritos entre YPFB y las transnacionales petroleras que mantienen el control de los hidrocarburos en Bolivia, “deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico” (CPE). La norma añade que “la migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.En diciembre volverán a enfrentarse derechos adquiridos. ¿Prevalecerán, como hasta hoy, los derechos de las transnacionales e YPFB interesadas en exportar a costa de suprimir en los hechos el derecho de los bolivianos al acceso al gas como servicio básico? En diciembre se sabrá si el actual gobierno retoma el rumbo perdido de la nacionalización efectiva de los hidrocarburos y garantiza que éstos estén disponibles para los bolivianos o si privilegia otros intereses.A los bolivianos, en todo caso, nos queda también la posibilidad de ejercer acciones concretas en defensa de nuestros intereses. Éstas deben darse en el marco constitucional y democrático, incluyendo el ejercicio de los derechos políticos. La primera de ellas debe dirigirse a prohibir la venta de gas a Cuiabá en tanto no se tenga información clara, pública, de libre acceso, respecto de la verdadera cantidad de gas que tenemos como reservas probadas y de la definición de la constitución de un volumen de reservas estratégicas para exclusivo uso de los bolivianos, incluyendo la industrialización, y cuya venta esté expresamente prohibida al exterior.Las difusas “garantías” que de palabra ofrece a diestra y siniestra el actual ejecutivo de YPFB no tienen respaldo hipotecario ni prendario alguno. Es el país el que debe garantizarse su propio futuro.