¿Derechos humanos?

Por ejemplo esta:

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó al Congreso que Colombia respeta en líneas generales los derechos humanos, para poder así liberar 30,3 millones de dólares en ayuda militar pendiente”.

Esa información le da la vuelta al mundo gracias a la globalización noticiosa, pero no se trata de una burla ni de una ironía. Lo hemos verificado y efectivamente, con toda formalidad, el Departamento de Estado emitió esa notificación.

Démosle, primero, una revisión superficial a lo que se entiende por derechos humanos. Sin entrar en academicismos, porque existen tantas definiciones sobre el asunto como teóricos que se han ocupado y se ocupan de él. O sea, demasiadas.

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente.

En Colombia debe ser donde hace décadas con mayor sevicia se ha atentado contra los derechos humanos. Citemos solo algunos atropellos monumentales y totalmente vigentes:

Los “falsos positivos” fueron asesinatos alevosos de colombianos inocentes, principalmente jóvenes, para presentar luego sus cadáveres como “bajas” infringidas a los grupos subversivos. El gobierno de Uribe, del cual el actual presidente colombiano fue Ministro de Defensa y máximo responsable de los “falsos positivos”  otorgaba a los asesinos “premios” institucionales, según su rango. Desde los comandantes militares hasta las patrullas de soldados rasos participantes en esos “falsos positivos”. Que fueron miles.

Si eso no es crimen contra los derechos humanos, que el Departamento de Estado diga qué es.

En este mismo momento está en el momento más álgido de su investigación el caso de las “chuzadas”, o interceptaciones telefónicas, intromisión en su vida privada, espionaje burdo y vergonzoso que hacían los aparatos de “inteligencia” del Estado colombiano, a políticos opositores (e inclusive políticos afines al gobierno) jueces y magistrados de todo rango, periodistas y en fin a cualquier ciudadano que el gobierno de Uribe tuviera la ocurrencia de considerar “peligroso”.

Muchos otros ejemplos más se puede dar de la situación de ese desangrado país, a cuyos gobiernos Estados Unidos entrega desde el año 2.000 más de 500 millones de dólares anuales supuestamente para luchar contra la “subversión” y contra el narcotráfico. El narcotráfico no ha disminuido  un gramo y los “falsos positivos” tuvieron esos “premios” a los que aludíamos antes.

La obvia conclusión es que el Departamento de Estado no respeta ni al Congreso de su propio país.