Recuerdos cargados de impotencia

Esto sucedió en los primeros años del régimen dictatorial de Hugo Banzer, hace más de 35 años.

Es bueno también conocer los nombres de los paramilitares: Oscar Menacho y Justo Sarmiento Alanes. Se los condena ahora, en la Corte Suprema de Justicia, porque un juez fue tan benevolente que les castigó con 2 años y 8 meses, algo así como dos palmadas por mal comportamiento. Juan Antonio Elio Rivero, otro de estos criminales, purgará 15 años. Saber que, finalmente, después de tanto desasosiego, de tanto trámite, de tanta impaciencia, han sido justamente condenados, debe ser satisfactorio.

Pero no. ¿Qué satisfacción puede tener la madre de José Carlos Trujillo? Gladys Oroza viuda de Solón, sufrió durante casi 40 años, desde la última vez que vio a su hijo en la prisión de Santa Cruz; no puede estar satisfecha porque esos criminales vivieron impunes durante ese tiempo, protegidos y encubiertos por los gobernantes y por los jueces que, más de una vez, declararon que no había pruebas de los crímenes que se les imputaba.

¿De qué crimen se les acusa? Desaparición forzada. Para muchos, entre ellos una lista muy grande de abogados penalistas, ese delito es inexistente. Varios jueces que tuvieron el expediente de estos paramilitares, demostraron su ignorancia sobre el tema.

Una legislación internacional de aceptación unánime declara que se trata de un crimen. Por supuesto, es un delito de Estado, pues quienes lo ejecutan responden a una política de amedrentamiento de la población ejercida por el dictador. América Latina, que muestra la mayor proporción de desapariciones forzadas, es la región donde pueden hallarse miles de testimonios de esta acción: un padre que, creyendo en la legalidad, le dijo a su hija: ‘Vaya nomás, no va a sucederle nada’ o los hijos aterrorizados que vieron una noche allanada su casa, sacados de sus dormitorios y finalmente abandonados sin padre ni madre. Miles de madres que se atrevieron a preguntar por el paradero de sus hijos y que recibían un ‘no está aquí’ por toda respuesta. El dictador Rafael Videla definió claramente la situación: “no están presos ni están muertos, simplemente están desaparecidos”. Nunca se dio cuenta que había definido el delito de desaparición forzada. Ese delito sigue cometiéndose hasta que no se conoce la suerte o el paradero de la persona desaparecida o tan siquiera de sus restos. ¿Se entiende? Es un delito más grave, mucho más grave que la tortura, que la prisión prolongada e incluso que el asesinato.

La señora Gladys Oroza, la señora Rebeca Ibsen ¿habrán llegado al final de su martirio? No es así, porque los restos del hijo de la primera y del padre y hermano de la segunda, no aparecen. En realidad, debíamos decir propiamente, la persona porque, como grita el lema de las Madres de Plaza de Mayo: ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.

Menacho, Sarmiento, Elio, son algunos de los sicarios que ejecutaban las órdenes del dictador. Otros, también contados con los dedos de una mano, fueron encarcelados con García Meza. Pero hay muchos otros, decenas de ellos, que no están purgando pena alguna.

Es el caso de los criminales que asesinaron a otros luchadores por la libertad. En 1984, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), luego de las investigaciones hechas por el gobierno de Siles Zuazo, ubicó una fosa común en el Cementerio General de La Paz, con los cuerpos de 14 compañeros brutalmente asesinados en prisión. Bastaba ver un cráneo atravesado por una barra de hierro para asomarse al horror de las prisiones de Banzer y sus cómplices. Notorios torturadores, agentes del Estado dictatorial, caminan por las calles, sin que haya ni un asomo de investigación. No hay pruebas dirán y es cierto. Es que ellos no habían llegado al grado de impunidad que, en muchas partes y en varias épocas, incluyendo la actual, les impulsa a fotografiarse en el mismo acto de su crimen.

Si, si. Han pasado cerca a 30 años desde que el gobierno se elige en comicios regulares. Pero eso no quiere decir que se haya aplicado la ley. El delito de desaparición forzada es un delito que ha sido calificado, en la ONU, como delito de lesa humanidad. Quiere decir que no prescribe, que debe ser juzgado en cualquier momento, obligatoriamente, por las autoridades judiciales. Sin embargo, de tanto en tanto, algún fallo puede darnos un poco de aliento.

Desde esa distancia, celebramos la condena que deberán cumplir esos tres asesinos. Pero sabemos que nunca será suficiente comparada con el sufrimiento de aquellos familiares que no saben hasta ahora qué ocurrió con sus deudos.