Asamblea aprueba crédito BID para modernizar alumbrado

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó un crédito de 30,2 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a modernizar los sistemas de alumbrado público en Bolivia mediante luminarias LED y tecnología digital para reducir el consumo eléctrico y los gastos municipales.

El Senado aprobó el Proyecto de Ley 225/2025-2026, referido al Contrato de Préstamo 5859/OC-BO. Con esta decisión concluyó el tratamiento legislativo y la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Los recursos financiarán el Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público. La iniciativa prevé reemplazar luminarias convencionales por tecnología LED, instalar sistemas inteligentes para medir y controlar el consumo de electricidad y capacitar técnicamente a los gobiernos municipales.

Crédito El crédito establece un plazo de pago de 19,6 años, incluidos 10 años de gracia, y un periodo de desembolso de cinco años

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estas medidas permitirán mejorar la eficiencia de la iluminación, reducir el gasto energético y optimizar los recursos de los municipios. El programa busca también mejorar la calidad del servicio para la población.

El crédito establece un plazo de pago de 19,6 años, incluidos 10 años de gracia, y un periodo de desembolso de cinco años. Las entidades territoriales autónomas que accedan al programa asumirán el repago de la deuda, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía estará a cargo de la ejecución.

El Ministerio de Economía explicó que interviene en el análisis de las condiciones financieras y la sostenibilidad del endeudamiento público, con el objetivo de promover una gestión responsable de los créditos externos destinados a inversiones.

Tras la sanción legislativa, el programa queda pendiente de la promulgación de la ley para avanzar hacia su implementación. La modernización permitirá renovar infraestructura de iluminación pública, aunque los municipios beneficiarios deberán asumir las obligaciones financieras que les correspondan.