Juez dicta detención preventiva en diferentes cárceles para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio
La audiencia se desarrolló de forma virtual, los imputados participaron desde las dependencias de la Felcn de El Alto
El juez determinó detención preventiva en diferentes cárceles para los exfiscales Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de la Policía, Rúben Aparicio. La determinación se dio tras una audiencia cautelar por presunta organización criminal que actuaba en favor del narcotráfico.
La audiencia se desarrolló de forma virtual desde las 05:00 de este sábado. Los sindicados participaron de la vista judicial desde las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de El Alto.
Para frenar la audiencia y buscar su libertad, los fiscales habían planteado a través de su defensa incidentes legales. En uno de ellos se planteaba un juicio de responsabilidades para Mariaca, en el marco de la Ley 044, pero este petitorio fue rechazado por el juez.
Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz. Mientras que Irusta fue detenido horas después en Sucre, cuando supuestamente retiraba documentación importante de la oficina de Fiscalía General del Estado en Sucre, su sede.
El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los tres abogados por seis meses en San Pedro y Patacamaya, cárceles de La Paz.
En la imputación también se incluye al mayor de la Policía, Rubén Aparicio, quien fue el primero en caer y sobre cuya declaración se detuvo a los demás sindicados.
Imputación
La imputación formal contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, planteó como hipótesis que desde el Ministerio Público presuntamente se dio protección al capo uruguayo Sebastián Marset, al punto de permitirle, según el documento, el almacenamiento y la salida de drogas del país.
El señalamiento forma parte de una investigación que atribuye a Mariaca un supuesto “rol de protección y ayuda como servidor público” cuando ejerció funciones en Santa Cruz y posteriormente como máxima autoridad fiscal.
De acuerdo con el documento, desde la Fiscalía se daba “una apariencia de cumplimiento” a sus facultades constitucionales, “cuando en realidad se ofrece protección selectiva, contraviniendo su función de ejercer y liderar la acción penal, propiciando injusticia e impunidad para Sebastián Marset”.
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