Gálvez pone la presión en la Asamblea: “Hoy deben asumir una posición”

A horas de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se reúna para abordar la situación del Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, el Gobierno elevó la presión sobre los parlamentarios. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió que la sesión de este viernes no se concentre únicamente en aspectos procedimentales y demandó una decisión de fondo sobre la conducción de la Fiscalía.

“Hoy el país los necesita del lado correcto”, afirmó Gálvez durante una conferencia de prensa, en la que sostuvo que los legisladores tienen la responsabilidad de definir si avanzan en una reconstrucción institucional del Ministerio Público o permiten, según su interpretación, la continuidad del esquema que el Gobierno cuestiona.

La Asamblea fue convocada para este viernes 2 de octubre, luego de que la aprehensión de Mariaca y de otras autoridades del Ministerio Público generara un conflicto sobre la conducción de la Fiscalía. Luis Wagner Montaño asumió entretanto como fiscal general en suplencia y argumentó que su designación responde al mecanismo establecido por la normativa para evitar un vacío institucional. El Gobierno, sin embargo, desconoce esa designación y sostiene que corresponde a la Asamblea definir a la nueva autoridad.

En ese contexto, Gálvez planteó que la respuesta de la ALP no debería limitarse a discutir “procedimientos y formas”. Según el vocero, la prioridad debería ser adoptar una determinación que permita apartar temporalmente al fiscal general y a otras autoridades cuestionadas, mientras se activa el mecanismo legal que corresponda para sus procesos.

“La noticia que hoy esperamos los bolivianos (...) no debería ser un debate sobre los procedimientos, sino una decisión a favor del pueblo”, sostuvo.

El vocero también propuso que, de manera transitoria, nuevas autoridades asuman la conducción del Ministerio Público mientras se desarrolla el procedimiento institucional para la elección de quienes ocuparán esos cargos.

Gálvez vinculó esta demanda con las investigaciones abiertas tras el operativo que derivó en la aprehensión de Mariaca y otras personas. El Gobierno sostiene que existen elementos que vincularían a autoridades del Ministerio Público con una estructura relacionada con el narcotráfico. Esas afirmaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser establecidas por las instancias correspondientes.

Durante su intervención, el vocero además sostuvo que existen versiones sobre presuntos sobornos a asambleístas durante el proceso de selección del fiscal general en la anterior gestión. Gálvez no presentó en la conferencia detalles adicionales sobre esas denuncias y las planteó como información y rumores que, según afirmó, volvieron a surgir en las últimas horas.

“Tenemos que lamentar que todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelve a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas”, manifestó.

El mensaje del Ejecutivo se produce en medio de una disputa por la conducción del Ministerio Público. Montaño sostiene que asumió la Fiscalía General en suplencia legal por ser el fiscal superior con mayor antigüedad, mientras que el Gobierno cuestiona la legitimidad de esa decisión y sostiene que la Asamblea debe resolver la designación.

Gálvez pidió a diputados y senadores asumir una posición frente a la situación de la justicia y advirtió que el Gobierno continuará con su ofensiva contra el crimen organizado.

“Más de 11 millones de bolivianos estaremos viendo el papel que van a jugar los padres de la patria”, afirmó el vocero, al insistir en que la sesión de este viernes representa, desde la perspectiva del Ejecutivo, un momento decisivo para definir el rumbo del Ministerio Público.

La Asamblea tiene así como uno de sus principales desafíos resolver el escenario generado por la ausencia de Mariaca y la disputa sobre quién debe conducir temporalmente la Fiscalía, en una jornada marcada por las diferencias entre el Ejecutivo y sectores del Legislativo sobre el procedimiento que corresponde aplicar.