Boca Ratón, Mariaca y la cereza del Escudo de las Américas

La cereza de la torta no era la escala de tres días en Boca Ratón (Florida) que ayer reivindicó el presidente como una especie de justo premio a las gestiones por los 10.000 millones de dólares de deuda pública que realizó durante su estancia de seis días entre Washington y Nueva York o un pecadillo más comprensible que irse al Mundial de Sudáfrica porque estaba en el trayecto. La cereza de la torta era la embajada de Estados Unidos, a las órdenes de la secretaría de Estado de Marco Rubio, el halcón más avezado de Donald Trump sobre América Latina pateando el higadillo del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La sanción es rutilante y ejecutiva dentro de sus competencias: Estados Unidos prohíbe la entrada de Mariaca y otros doce funcionarios más, casi todos ligados a la Justicia, pero también al hasta hace cuatro días presidente de la Aduana nombrado por Paz Pereira, Alberto Samuel Soto de la Vía, envuelto en los escándalos de tráfico de oro, entre otros.

La argumentación de la sanción es el nuevo orden mundial deseado por Trump y expresado en su doctrina para la política exterior mezclada con la eficaz comunicación digital: el comunicado asegura que los sindicados aceptan sobornos y cooperan con el narcotráfico. Fin de la cita.

No es que la Justicia boliviana merezca demasiado el beneficio de la duda, pero al menos algún audio, foto o prueba que sustente la acusación y resguarde el debido proceso no hubiera estado mal.

La secuencia narrativa permite deducir que el tema estaba perfectamente coordinado con las bancadas: primero fue Carlos Alarcón, que vuelve a cumplir el rol de “posibilitador” en la Asamblea que ya ejerció con Carlos Mesa, quien le pidió que se aparatara mientras dure la investigación; luego fue Tuto Quiroga, un poco más “openmind” por aquello de la cruceñidad del cuestionado y los múltiples reconocimientos que recibió alrededor del 24 de septiembre, lamentó el papelón y también pidió una investigación, y finalmente salió el vocero José Luis Gálvez con los pesos pesados: Fernando Aramayo, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo a lamentar mucho lo sucedido y anunciar una investigación policial al darle toda la credibilidad a la denuncia, eso sí, apostillaron con que no se permitirá la injerencia.

La respuesta de Mariaca

El Fiscal General fue elegido en octubre de 2024, con la crisis en el MAS ya muy avanzada. Se impuso con votos del evismo, del arcismo, de Creemos y algunos de Comunidad Ciudadana. 115. Suficientes. Esa elección y la Constitución le dan legitimidad y autonomía de gestión: solo un juicio de responsabilidades en el Senado puede sacarle del cargo. O su renuncia, algo que desde luego no se plantea.

Mariaca se plantó a las pocas horas en el centro de la sala de conferencias rodeado como le gusta de muchos funcionarios para dejar tres ideas claras: que respeta las decisiones de Estados Unidos ; que exige respeto a la institucionalidad boliviana, y que no renunciará, sino todo lo contrario: intensificará las investigaciones y procesos en marcha y citó algunos como las compras de gasolina basura, el asunto del oro y, sobre todo, lo que parece ser el nudo gordiano de todo el pulso: el caso de Fernando Cerimedo.

El poder del consultor

Fernando Cerimedo lleva un mes y medio en prisión. Antes de su detención en la madrugada del 18 de agosto había tenido lugar la tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, abogada y dedicada a la operación política desde hace años. Cumple detención preventiva por ello. A raíz de las declaraciones de Beller se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito en la que se analizó la imputación de María Elena Urquidi, que finalmente no se dio. Luego cayó el comandante de la Policía Mirko Sokol y luego se investigó el rol de Cerimedo en un caso de “narcovuelos” en el Beni, donde supuestamente las avionetas conseguían permisos de altos cargos de gobierno, volviendo a poner de nuevo al asesor en el centro de la tormenta. Beller dijo en una entrevista que Cerimedo decía que “al narco no se lo combate, se lo administra”.

La presencia de Cerimedo en el gobierno fue tan pública y notoria desde el primer día como controvertida. Cerimedo se llevó el premio al “consultor del año 2025” en la convención de Mar-e-Lago de Donald Trump, donde los estrategas de la ultraderecha se reúnen para compartir estrategias y objetivos. En el evento estuvo María Elena Urquidi y su hija Catalina. Cerimedo cerró su discurso con: “ganar elecciones es fácil, pero no sirve de nada si no ayudamos a gobernar”.

La fortaleza de los vínculos de Cerimedo con el poder de Estados Unidos nunca fue contrastada. El propio presidente Paz Pereira le atribuyó el poder de abrirle puertas “para reunirse con presidentes de todo el continente” como si su propia investidura no fuera suficiente. Cerimedo estuvo también en la mesa chica del Escudo de las Américas en la reunión de Paz con Marco Rubio, el principal estratega de una organización que oficialmente es una coalición militar para luchar contra el narcotráfico.

La declaración de la Embajada es una declaración política que efectivamente se convierte en un elemento de presión, pero también en una suerte de tabla de salvación para el presidente Paz Pereira, acorralado por varios frentes y con Mariaca como elemento más amenazador por su condición institucional y por la cantidad de información que puede atesorar.

La acumulación

La agenda, en cualquier caso, sigue cargada en Bolivia. Para este martes se tiene prevista la reunión con el transporte por el diésel. Se han abiertos frentes de negociación con alcaldes y gobernadores, que exigen materializar las promesas en documentos, las petroleras exigen el pago de las deudas para seguir operando, los desembolsos del FMI no acaban de llegar y el viejo bloque popular ha encontrado en la extraña coalición de Nilton Condori y Evo Morales una suerte de hoja de ruta, aunque al final quede en las mismas acusaciones y amenazas cruzadas de siempre.

Dos días para octubre.