Juristas cuestionan el Alto Comisionado de Paz

La creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, anunciada por el presidente Rodrigo Paz durante su discurso por los 201 años de la Independencia de Bolivia, genera cuestionamientos entre abogados que coinciden en que la reforma judicial es necesaria, pero ponen en duda que una nueva autoridad sea la respuesta.

Paz anunció que el Alto Comisionado pondrá énfasis en la transparencia, la institucionalidad y la justicia

Las principales observaciones apuntan a la falta de una definición legal de la figura, la posible duplicidad de funciones con instituciones existentes y la necesidad de fortalecer estructuras que ya forman parte del Estado, en lugar de crear nuevas instancias.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez; la exsenadora y expresidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame; la abogada Kathia Saucedo, impulsora de la propuesta de reforma constitucional de los Juristas Independientes; y el expresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Jaime Hurtado, plantearon cuestionamientos a la propuesta presidencial desde distintos ángulos.

Paz anunció que el Alto Comisionado pondrá énfasis en la transparencia, la institucionalidad y la justicia, y adelantó que la designación de la nueva autoridad se concretará en los siguientes días.

Salame y Hurtado coinciden en una de las principales observaciones: el Alto Comisionado no forma parte de la estructura institucional boliviana en los términos planteados por el Gobierno.

Salame sostuvo que en el ordenamiento jurídico nacional “no existe” la figura del Alto Comisionado y señaló que, si se pretende otorgarle funciones específicas para reestructurar el sistema judicial, su creación debería estar respaldada por una ley.

Hurtado también señaló que el término tiene inspiración en el sistema de Naciones Unidas y que Bolivia no incorporó esta figura ni en la Constitución ni en sus leyes fundamentales. Por ello, considera necesario conocer la norma que establecerá su estructura y atribuciones.

Para Hurtado, además, el concepto internacional de Alto Comisionado está relacionado con la defensa y protección de derechos, más que con el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Los cuatro ven el riesgo de duplicar funciones

La posible duplicidad institucional es otro punto de coincidencia entre los juristas.

Hurtado advirtió que la nueva autoridad podría superponerse con la Defensoría del Pueblo, institución que ya tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos. También recordó la existencia del Defensor del Litigante, previsto en la Ley 025 del Órgano Judicial, pero que nunca fue activado.

Salame plantea una alternativa distinta: considera necesario recuperar el Ministerio de Justicia, al que atribuye un papel de articulación entre el Órgano Ejecutivo y el sistema judicial.

Saucedo coincide en que debe aclararse la estructura institucional y pregunta qué ocurrirá con el actual Viceministerio de Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, si simultáneamente funcionará un Alto Comisionado con responsabilidades en materia de justicia.

“Me parece que no es prudente establecer dualidades de funciones”, sostuvo Saucedo.