Paz promulga la Ley 1740 pero no decreta Estado de Excepción

La norma fue promulgada en medio de una crisis marcada por 39 días de movilizaciones y bloqueos que, según reportes oficiales, han dejado más de una decena de fallecidos en el país.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que establece las condiciones, procedimientos y alcances para la aplicación de este mecanismo constitucional en Bolivia.

La promulgación se produjo en un contexto de alta conflictividad social, cuando el país cumple 39 días de movilizaciones y bloqueos impulsados por distintos sectores, entre ellos organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario.

La Ley 1740 ya había sido aprobada por el Senado y fue sancionada por la Cámara de Diputados durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada del domingo. Con su promulgación, Bolivia cuenta ahora con una normativa específica que reglamenta la aplicación de los estados de excepción previstos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

Durante el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, con la presencia del alto mando militar, policial y ministros de Estado, Paz remarcó que la norma no implica la aplicación inmediata de un estado de excepción en el país.

“La ley establece el marco jurídico para su implementación, pero cualquier declaratoria deberá realizarse mediante decreto supremo y cumplir los procedimientos constitucionales correspondientes”, explicó.

La nueva legislación consta de 27 artículos y establece que el presidente podrá declarar un estado de excepción cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.

Asimismo, determina la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación, garantizando al mismo tiempo la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La Asamblea tendrá la última palabra

El mandatario recordó que una eventual declaratoria de estado de excepción no dependerá únicamente del Ejecutivo.

Según explicó, una vez emitido el decreto supremo correspondiente, este deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá un plazo de 72 horas para pronunciarse sobre su aprobación o rechazo.

“De acuerdo con la Constitución y con esta ley, una vez emitido el decreto, la Asamblea tiene 72 horas para pronunciarse”, señaló.

Pese a la expectativa generada por diversos sectores, el Gobierno no emitió este lunes ningún decreto para declarar el estado de excepción.

Paz apunta al “narcoterrorismo”

Durante su discurso, el presidente justificó la promulgación de la norma señalando que el país enfrenta amenazas contra la estabilidad democrática y la seguridad nacional.

“De nada sirve desarrollar normas y visión de desarrollo económico si en la Patria no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, afirmó.

Paz sostuvo que detrás de las movilizaciones existe una estructura vinculada al narcotráfico y aseguró que su administración actuará con firmeza para preservar el orden constitucional.

“Promulgo esta norma bajo la lógica de defender a las grandes mayorías frente a quienes quieren irrumpir este proceso democrático. Reitero el diálogo siempre, pero a los violentos y narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, advirtió.

El mandatario también cuestionó la presencia de habitantes del trópico de Cochabamba en las movilizaciones que se desarrollan en La Paz y El Alto.

“¿Acaso La Paz es un anexo del Chapare?”, expresó durante su discurso

En medio de las demandas de renuncia impulsadas por sectores movilizados, Rodrigo Paz descartó cualquier posibilidad de dejar el cargo antes de concluir su mandato.

“Somos un Gobierno que gobernaremos hasta 2030”, afirmó minutos después de firmar la promulgación de la ley.

La declaración se produjo en un escenario de creciente tensión política y social, marcado por bloqueos de carreteras, marchas y protestas que han afectado el abastecimiento, el transporte y la actividad económica en varias regiones del país.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene abierta la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados, aunque ratificó que actuará dentro del marco constitucional para garantizar la seguridad y el libre tránsito en todo el territorio nacional.