Marcha indígena, mineros y el transporte presionan al Gobierno

La conflictividad social en Bolivia comienza a escalar en distintos frentes. A las persistentes dificultades con el tema del combustible se suma ahora una creciente movilización indígena que avanza hacia La Paz, en rechazo a la Ley 1720, mientras otros sectores —como mineros y transportistas— se articulan en torno a demandas que combinan reclamos económicos y cuestionamientos políticos al Gobierno Nacional.

La marcha indígena, que partió desde Pando hace casi dos semanas, ya se encuentra en el municipio de Caranavi, a 167 kilómetros de la sede de gobierno. En las últimas horas, la columna fue reforzada por al menos 300 personas en San Ignacio de Moxos, lo que ha fortalecido la movilización y elevado la presión sobre el Ejecutivo.

La Ley 1720, en el centro del conflicto

El principal detonante de la protesta es la Ley 1720, que establece la reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad. Los sectores movilizados consideran que esta normativa vulnera derechos sobre territorios indígenas y afecta a pequeños productores, convirtiéndose en uno de los ejes centrales del malestar social.

Desde la marcha, una de las dirigentes reiteró que no habrá retroceso en sus demandas.

“Estamos firmes en exigir la abrogación de la Ley 1720, la titulación de tierras para los barraqueros de Pando y el rechazo a la Ley Antibloqueos”, afirmó.

El descontento ha ido creciendo en paralelo a la falta de respuestas concretas, lo que ha permitido que otros sectores se sumen o expresen respaldo a la movilización.

Mineros se suman a la presión

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia decidió respaldar “moral y materialmente” la marcha indígena, tras un ampliado nacional realizado el 21 de abril en Potosí.

El sector también cuestiona la Ley 1720, al considerar que perjudica a pequeños productores y cooperativistas, y convocó a sus bases a integrarse a la movilización.

Este respaldo no solo amplía la base social de la protesta, sino que también incrementa su capacidad de presión, al tratarse de uno de los sectores históricamente más influyentes en la política nacional.

El transporte con bloqueos por combustibles

En paralelo, el conflicto por los carburantes suma un nuevo capítulo. La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) convocó a una marcha con bloqueo sectorial para este lunes 27 de abril, denunciando la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas.

El punto de concentración será la extranca de Senkata desde las 07:00, desde donde iniciarán las medidas de presión.

Entre sus principales exigencias figura la regularización inmediata del abastecimiento de combustible.

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible a 9,80 bolivianos, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el pronunciamiento.

Además, los transportistas denuncian un presunto monopolio en la provisión de carburantes que habría generado perjuicios económicos desde inicios de año, así como la falta de solución a problemas como la retención de 12 camiones en Perú.

La declaratoria de emergencia del sector evidencia que la crisis energética sigue siendo un factor clave de inestabilidad, con efectos directos sobre la economía y el transporte de mercancías.

El Gobierno advierte tintes políticos

Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao aseguró que el Gobierno mantiene una política de apertura al diálogo y recordó que el ministro Mario Justiniano se comprometió a incorporar ajustes a la Ley 1720 para garantizar la protección de la pequeña propiedad.

Sin embargo, la legisladora también expresó preocupación porque varias de las movilizaciones “tengan tintes políticos de gente que no quiere que este gobierno salga adelante”.

En la vereda opuesta, el diputado de la alianza Unidad, Alejandro Reyes, advirtió una posible articulación política detrás de las protestas y pidió al Gobierno adoptar medidas más firmes.

“Estamos viendo las mismas frases, la misma lógica e incluso probablemente el mismo financiamiento”, afirmó.

El legislador dijo esperar que las protestas no representen una rearticulación del MAS y aseguró que parte de la población rechaza los bloqueos y marchas como mecanismos de presión. En ese contexto, pidió al Ejecutivo endurecer las acciones frente a las movilizaciones.

“Es momento de tener mano más dura, de hacer que se imponga la ley. Aquí no cualquiera puede marchar o bloquear”, declaró Reyes, quien además solicitó acelerar el tratamiento de la denominada Ley Antibloqueos en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

Abrogación
Tras dos semanas de caminata, los movilizados refuerzan sus filas en los Yungas y exigen la abrogación de la Ley 1720

Un escenario de presión múltiple

El país entra así en una fase de presión social simultánea, donde confluyen demandas territoriales, económicas y políticas. La marcha indígena avanza hacia La Paz con respaldo creciente, el sector minero se suma a las protestas y el transporte amenaza con paralizar rutas estratégicas en reclamo por combustible.

En el transcurso de esta semana, han sido varios los sectores que se han movilizado en contra del Gobierno. En el caso de Tarija, pues ha sido el sector del Transporte Libre quien incluso ha bloqueado las principales vías de acceso en reclamo por la mala calidad de la gasolina, el mal estado de las carreteras, además de exigir mejoras en el SOAT.