Ley Brisa: Por qué la justicia debe ajustarse a la ciencia

La aprobación del Proyecto de Ley Brisa, una propuesta que busca fortalecer el acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia sexual, es impulsada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil. En esta nota se exponen los argumentos científicos y jurídicos del porqué la normativa boliviana necesita una adecuación.

Los 4 pilares de la reforma y su justificación

La propuesta se fundamenta en cambios estructurales diseñados bajo evidencia científica y jurídica:

Eliminación del estupro del Código Penal: Argumenta que un adolescente no puede “consentir” una relación con un adulto en condiciones de igualdad debido a que su corteza prefrontal, es decir, su juicio y su capacidad de medir riesgos y daños, aún está en desarrollo. Esta región no alcanza un nivel maduro de funcionamiento en la adolescencia temprana ni media; su desarrollo continúa hasta entrada la adultez joven. Por tanto, un adolescente no puede “consentir” en igualdad frente a un adulto con poder o autoridad. El estupro suele disfrazar casos de manipulación y abuso de poder.

Imprescriptibilidad: Reconoce que el tiempo del trauma no es el tiempo procesal. La ciencia demuestra que las víctimas suelen tardar entre 15 y 30 años en procesar y denunciar lo ocurrido debido al miedo y a alteraciones neurobiológicas en la memoria. Muchas víctimas recuerdan sensaciones, imágenes, miedo, asco, dolor o escenas incompletas, pero no logran comprender lo sucedido, organizar, nombrar, hablar y sostener un relato denunciable. Exigir una denuncia temprana en estos casos no es una neutral. Por tanto, un delito de este tipo no puede prescribir.

Tipificación en el Código Penal: El tercer cambio estructural de esta ley es la incorporación de la violación incestuosa como una categoría específica. Visibiliza que entre el 70% y 85% de los casos ocurren dentro del hogar. Al ser el agresor alguien del entorno cercano, se genera un “trauma complejo” por la traición del vínculo de cuidado y la presión familiar para callar. La víctima no solo sufre la agresión sexual; también enfrenta una ruptura de sus sistemas de apego, de confianza, de identidad y seguridad. El cuerpo aprende que el peligro vive en el lugar donde debería existir cuidado.

El consentimiento: Propone pasar de la “prueba de la fuerza” (exigir que la víctima haya resistido físicamente) a la “prueba de la libertad”. Reconoce que el cerebro, ante el terror, suele activar respuestas de parálisis o sumisión, lo cual no implica acuerdo voluntario. Estas respuestas no son elecciones conscientes, sino mecanismos neurobiológicos de supervivencia. Tradicionalmente, el sistema penal ha exigido que la víctima demuestre que hubo violencia física, gritos o resistencia para que se considere violación. El proyecto de Ley Brisa dice que esto es científicamente incorrecto por factores como el miedo, el ejercicio de poder, la amenaza y otros que se pueden producir durante la comisión del crimen.

Brisa de Angulo: de víctima a impulsora de justicia

La propia Brisa de Angulo, cuya historia inspiró este proyecto, acompañó a la comitiva. “La gente aquí está cansada de ver niñas y adolescentes resquebrajadas por el impacto de la violencia sexual. Son personas dispuestas a enfrentarse a todo con tal de lograr una Bolivia justa”, afirmó durante su alocución.

Tras más de 20 años de lucha, el caso de Brisa llegó a la justicia internacional. En la sentencia del caso Angulo Losada vs. Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado boliviano fue responsable por la falta de debida diligencia en la investigación de los abusos.

Como parte de la sentencia, dispuso medidas de reparación integral y la obligación de garantizar que el sistema judicial actúe con enfoque de género y de niñez.

Según la diputada Andrea Ballivián, el plazo impuesto por la Corte IDH para aprobar la norma ya venció, pero se solicitó una prórroga y por eso es vital que la norma sea tratada.