La operación anti-Lara y la opción de las subnacionales

Varios grupos por separado analizan en La Paz “cómo resolver el tema Lara”, un asunto que no pilló por sorpresa a nadie dados los antecedentes conductuales del hoy vicepresidente Edmand Lara, pero que se ha elevado a cuestión de Estado.

Lara se ha declarado ya “oposición constructiva” tras apenas dos meses de gobierno; el equipo de Rodrigo Paz y el propio presidente dejaron muy pronto de hacer esfuerzos por tener al expolicía de su lado. El problema es que hacer ghosting no resuelve el asunto.

La maquinaria estatal y el algoritmo de TikTok juegan a favor de la versión oficial: Lara no da la talla, es un “quilombero” y no se puede confiar en él. Sus propios lives en su red social favorita, donde revela buena parte de lo que está sucediendo, se han llenado de “haters” que lo insultan y denigran. La fidelidad de TikTok siempre es mínima y su fortaleza se está convirtiendo en debilidad.

El vicepresidente tiene su propia versión, obviamente: “me votaron a mí”, lo cual es bastante evidente si se ve el mapa de colegios y su distribución; “nos ralearon hermanos”, lo que también salta a la vista cuando le arrebataron sin miramientos el único Ministerio al que había logrado acceder; y sobre todo, “están incumpliendo los compromisos de campaña”. Claro que todo lo llena con una sarta de adjetivos y críticas que acaba debilitando su propia coherencia.

Irreconciliable

Este lunes se dio un nuevo paso en la destrucción de la armonía: Lara cargó directamente contra el zar antidrogas, Ernesto Justiniano, vieja guardia mirista recuperada por Paz Pereira y Tuco Oviedo y colocado en un puesto clave. Lara vinculó a Justiniano con la interceptación de un cargamento de cocaína en Chile rumbo a España, una acusación mayor que Justiniano negó, aseguró que el cargamento había salido de Bolivia en tiempos de Luis Arce y aprovechó para pedirle al vicepresidente que “deje de pedir pegas en la FELCN”. Un gancho directo a la mandíbula que el vicepresidente respondió vinculándolo a otros negocios corruptos, pero que sobre todo deja en evidencia que no es pelea de gallos sino tangana donde todo vale.

Las alternativas

El vicepresidente tiene pocas funciones, pero tiene. También un presupuesto asignado que en realidad depende del Ministerio de Economía y que aunque quede reducido a la mínima expresión, no podrá ser desahuciado – aparentemente -, porque debe cumplir unas funciones constitucionales, entre ellas, la de suplir a todos los efectos al presidente cuando este viaja, y que de facto ha convertido a Rodrigo Paz Pereira en una especie de presidiario.

Los equipos han identificado tres caminos aparte del de la renuncia, que no va a suceder según el propio Lara. La primera y tal vez más rápida es la de encontrar algún error en su habilitación como candidato a la Vicepresidencia y suspenderlo. Rompería el principio de preclusión, pero cosas más raras se han visto en estas tierras.

La segunda pasa por una sentencia ejecutoriada por alguno de los tres delitos que suspenden los derechos políticos: Tomar armas o prestar servicio en fuerzas enemigas en tiempos de guerra; por defraudación de recursos públicos o por traición a la Patria. “Mis abogados que arreglen” decía aquel, pero lo cierto es que los ritmos de la Justicia son naturalmente lentos y la sentencia ejecutoriada podría tardar años.

La tercera pasa por el artículo 170, que detalla las causas por las que sería el mandato y donde están las tradicionales: muerte, sentencia ejecutoriada, renuncia ante la ALP; una morosa: revocatoria de mandato; y una ciertamente interpretable: ausencia o impedimento definitivo.

En Perú el Congreso lleva haciendo fiesta con un artículo similar que le permite a la mayoría declarar “incapacidad moral permanente” a cualquier presidente y con ello, activar una sucesión que en el país vecino pasa por elegir a otro diputado. “Todo depende del reglamento que desarrolle ese artículo y que siempre es susceptible de ser modificado” señala uno de los que trabajan en la misión.

Lara y la vía de las subnacionales

Mientras el Gobierno estrecha el círculo sobre el vicepresidente Edmand Lara, caricaturizado y marginado, el escenario político coloca de nuevo a los bloques ante un juicio democrático: las elecciones subnacionales.

Rodrigo Paz con su agrupación tarijeña Primero la Gente, el recién resucitado MIR y la sigla nacional de Samuel Doria Medina, Unidad Nacional, han conformado una alianza nacional que se presenta con o sin socios locales en todos los departamentos. El cálculo es evidente: buscar la hegemonía consolidando el poder territorial. La alianza sin embargo no ha sido frentista, como le gustaba a Doria Medina en los tiempos de “todos contra el MAS”, sino selectiva, y en eso se han quedado fuera muchos candidatos que pueden tener un buen desempeño en las elecciones.

En paralelo, el bloque popular intenta rearmarse. De un lado las corrientes del MAS han decidido darse la última oportunidad a través de Unidos por los Pueblos; del otro el propio Lara trata de articular opciones – no logró sigla nacional – para sumar votos y poder decir que le ganaron a Paz Pereira y reclamar así, al menos, algo de influencia en el esquema gubernamental.

Ambas corrientes están habitadas por votantes similares con fórmulas también similares: capitalismo para todos y desconfianza. El DS 5503, más allá del precio del combustible, está moviendo fibras sensibles en el campo y en las grandes ciudades que algunos van a lograr activar y canalizar.

Además, no se puede olvidar que las subnacionales siempre han sido un escenario para contrapesar el poder, pero sobre todo, una cita donde se elige a los mejores gestores y mejores vecinos. Veremos el escenario de crisis qué es lo que finalmente decanta,