DS 5503: una jornada de tensión, movilización y diálogo truncado

La jornada de este martes estuvo marcada por la confrontación, la falta de consensos y el endurecimiento de posiciones en torno al Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles y que desató movilizaciones a nivel nacional, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Tras más de tres horas de reunión con representantes del Gobierno central, las organizaciones sindicales se retiraron sin lograr ningún acuerdo. El principal punto de conflicto —la abrogación del decreto— fue rechazado de forma categórica por el Ejecutivo, lo que profundizó la tensión y dejó en suspenso cualquier posibilidad inmediata de solución.

Reunión sin acuerdos

El encuentro se instaló cerca de las 15:00 horas, horas después de que en horas de la mañana se registraran enfrentamientos entre la Policía y marchistas en inmediaciones del centro paceño, con el uso de agentes químicos. Según el informe policial, cuatro efectivos resultaron heridos y al menos ocho personas fueron arrestadas, mientras que la Fiscalía reportó un aprehendido que será imputado.

Al concluir la reunión, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó que el Gobierno ratificó su negativa a abrogar el Decreto Supremo 5503, lo que motivó el abandono del diálogo por parte de la dirigencia sindical.

“Hemos hecho conocer nuestra posición, hay una posición fuerte del Gobierno de no abrogar el decreto 5503”, declaró Argollo al trasladarse a la sede de la FSTMB, ubicada en el Prado paceño.

En esa línea, el dirigente señaló que, si bien se analizaron varios aspectos de la norma, el punto central fue la exigencia de su abrogación. Ante la negativa oficial, la COB decidió convocar a un ampliado de emergencia, donde serán las bases las que definan las próximas medidas.

“Se ha discutido muchos puntos, pero el punto fundamental era la abrogación del Decreto Supremo 5503. En ese sentido, vamos a informar a nuestras bases y ellas asumirán una determinación”, afirmó.

Por su parte, el ejecutivo de los mineros asalariados, Andrés Paye, pidió a los medios de comunicación aguardar un pronunciamiento oficial, señalando que antes debían reunirse con sus bases para evaluar el escenario político y social.

La COB mantiene la convocatoria a movilizaciones y a un paro indefinido, en rechazo a la eliminación de la subvención a los carburantes, al considerar que la medida golpea directamente el bolsillo de los trabajadores y encarece el costo de vida.

El reproche del Gobierno a los movilizados

Desde el Gobierno, el presidente Rodrigo Paz Pereira cuestionó duramente a la COB y a los sectores movilizados, acusándolos de no haber salido a las calles para exigir justicia por los millonarios recursos que —según dijo— fueron malversados en anteriores gestiones estatales.

“¿Por qué no marcharon para pedir justicia por los recursos que se robaron y que nos devuelvan?”, interpeló el mandatario, al referirse a las protestas contra el decreto 5503.

Paz también calificó de “políticas” algunas movilizaciones y cuestionó proyectos estatales fallidos que, a su juicio, nunca fueron observados por los sectores sociales. Citó como ejemplos la inversión de más de 25 millones de dólares en una fábrica de papa frita, una planta de café en Caranavi que no opera por falta de condiciones básicas y la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), donde —según afirmó— se invirtieron más de 360 millones de dólares sin resultados para el mercado interno.

Asimismo, señaló que de las 174 empresas estatales existentes, solo unas pocas generan ingresos, entre ellas YPFB, Entel y Ende, mientras que el resto serían deficitarias. En ese contexto, anunció auditorías, incluso al funcionamiento del satélite bajo la jurisdicción de la Agencia Boliviana Espacial (ABE).

El presidente también exhortó a la población a denunciar abusos, particularmente de transportistas que estarían incrementando de forma arbitraria las tarifas.

“Le pido al pueblo boliviano que denuncie a quienes están abusando, especulando con los precios y aprovechándose del dolor de la gente”, sostuvo.

Defensor llama a deponer la violencia

Ante la escalada de tensión, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió al Gobierno y a los sectores movilizados priorizar el diálogo y dejar de lado las actitudes violentas.

Tras la segunda jornada de protestas, Callisaya expresó su preocupación por los hechos registrados en la sede de gobierno, especialmente por la represión policial cerca de plaza Murillo, que —según advirtió— puso en riesgo la integridad de ciudadanos y comerciantes.

“Exhortamos a todos los actores, Gobierno y sectores movilizados, a deponer actitudes violentas y a priorizar el diálogo como único mecanismo legítimo para la resolución de los conflictos”, publicó la autoridad defensorial en sus redes sociales.

“La paz social y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer”, añadió.

Los bloqueos persisten

Mientras el diálogo permanece estancado, las medidas de presión continúan en distintos puntos del país. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta las 21:11 un total de 11 puntos de bloqueo por conflictos sociales.

Según el reporte oficial, en el departamento de Chuquisaca se registraron cuatro puntos de bloqueo; en La Paz y Beni, dos en cada departamento; mientras que en Santa Cruz, Potosí y Oruro se reportó una movilización por región.

Los sectores movilizados mantienen como demanda central la abrogación del Decreto Supremo 5503, mientras el Gobierno insiste en abrir espacios de diálogo para explicar los alcances y beneficios de la norma. En medio de este escenario, el conflicto sigue abierto y a la espera de una definición que permita descomprimir la creciente tensión social.