¿Qué es el Impuesto a las Grandes Fortunas y quién lo paga(ba)?

Una de las primeras medidas económicas tomadas por el gabinete de Rodrigo Paz Pereira ha sido la de eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), un impuesto "ideado" en la campaña electoral de 2021 por Luis Arce - quizá su única propuesta recordable - en la línea de lo que otros países del entorno ya hacían. 

Entre 2021 a 2024 recuadó unos 785 millones de bolivianos y pasó de 204 a 261 contribuyentes. El impuesto lo pagaban personas naturales radicadas en Bolivia (que viven más de 183 días al año) o personas extranjeras pero con fortuna radicada en Bolivia de más de 30 millones de bolivianos. Cabe señalar que el valor de la fortuna de un matrimonio se calculaba al 50% en gananciales.

¿Cómo se calcula(ba)?

El Impuesto a las Grandes Fortunas se calcula sobre el valor de todos los bienes inmuebles (catastral, se entiende); el valor de los bienes muebles, como vehículos; el de los bienes suntuarios (como joyas o artículos de lujo); los activos financieros como bonos o acciones; los de derecho, como patentes; el dinero en metálico y otros bienes con valor.

El valor neto de la fortuna se calcula restando al valor total las deudas financieras contraídas con organismos regulados por la ASFI.

¿Cual es(ra) la escala?

Entre 30 y 40 millones de valor neto de fortuna se pagaba una alícuota de 1,4% a la que se aplicaba un descuento de 150.000 bolivianos. Es decir, 410.000 bolivianos como máximo y 270.000 como mínimo.

Entre 40 y 50 millones se pagaba una alícuota de 1,9%  a la que se aplicaba un descuento de 350.000 bolivianos. Es decir, 410.000 como mínimo y 600.000 como máximo.

Y a partir de los 50 millones de bolivianos se pagaba una cuota de 2,4% con un descuento de 600.000 bolivianos, es decir, 600.001 como mínimo.

Una historia común

El Impuesto a las Grandes Fortunas es común en occidente, aunque algunos países lo han modificado para gravar solo el ahorro en bienes inmuebles y no en acciones u otros emprendimientos, de forma que se incentive la inversión y diversificación y no la especulación inmobiliaria. 

"El argumento de que el IGF ahuyentó 2.000 millones de dólares en inversión carece de sustento. Este impuesto se aplica exclusivamente a residentes fiscales bolivianos, no a empresas extranjeras. Y si verdaderamente los ricos estuvieran huyendo, ¿cómo se explica el incremento sostenido de contribuyentes?" señala el investigador Stasiek Czaplicki Cabezas quien también considera que es un gesto hacia los grandes sectores exportadores del país y reclama un sistema progresivo serio: "Un sistema tributario justo implica que quien más gana, más paga, no solo en términos absolutos, sino proporcionales. Esto se traduce en una estructura progresiva, donde cada tramo de ingreso adicional pague un porcentaje mayor. Por ejemplo, 5% hasta Bs 5.000, 10% para el siguiente tramo hasta Bs 10.000, y así sucesivamente, hasta alcanzar tasas del 40% o incluso 50% para ingresos extraordinarios".