Gobierno anuncia intervención y auditorías en el INRA para restaurar la legalidad administrativa
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó este jueves sobre la intervención al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de La Paz, luego de que una verificación institucional evidenciara la ausencia del director nacional en su despacho, situación que —según afirmó— incrementa las preocupaciones sobre el manejo administrativo de la entidad.
Barrientos explicó que esta medida responde a denuncias y a la falta de autoridades plenamente designadas.“Ante estas denuncias y ante la ausencia de la designación de un viceministro de Tierra y Territorio y director del INRA por parte del Gobierno nacional, tenemos que intervenir de manera inmediata. No es la única institución que se está interviniendo, son varias”, sostuvo en conferencia de prensa.
Resoluciones posteriores al 7 de noviembre serían inválidas
La autoridad alertó que toda resolución firmada después del 7 de noviembre carece de legalidad, debido a que no existen autoridades formalmente nombradas con las facultades necesarias para emitir documentos oficiales en materia de tierras.
Designaciones en curso para restablecer la institucionalidad
Barrientos anunció que el Gobierno ya trabaja en la designación inmediata de un nuevo director nacional del INRA, una vez se nombre también al nuevo viceministro de Tierras. Aseguró que ambos nombramientos son imprescindibles para garantizar la transparencia, la continuidad institucional y la regularidad en los trámites agrarios.
Auditorías y verificaciones en otras instituciones
La viceministra adelantó que el Ministerio de Autonomías continuará realizando auditorías y verificaciones en otras entidades del aparato estatal, con el objetivo de evitar que se consoliden acciones irregulares.“El propósito es retomar el funcionamiento de la administración pública bajo criterios de legalidad y responsabilidad”, afirmó.
Con la intervención del INRA de La Paz, el Gobierno busca frenar posibles actos administrativos sin respaldo legal y ordenar la estructura institucional del sector agrario.








