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Los desafíos inmediatos para el nuevo gabinete de Paz y Lara

Más allá de las urgencias inmediatas, se plantea abordar una reforma fiscal, una judicial, una laboral, una de la administración, una financiera y una reforma educativa que modernicen el Estado

Nacional
  • Miguel V. de Torres
  • 10/11/2025 00:29
Los desafíos inmediatos para el nuevo gabinete de Paz y Lara
El presidente Rodrigo Paz encomendó un trabajo 24/7 a sus ministros

A la espera de la reestructuración definitiva del gabinete de Ministros, Rodrigo Paz Pereira sostuvo que esta responsabilidad ministerial requiere de un trabajo 24/7, las 24 horas del día y los siete días de la semana, con humildad y bajo cuatro guías: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, “capitalismo para todos”, el final del “Estado tranca” y la repartición 50/50 de los recursos económicos y humanos entre el nivel central y las regiones.

Sobre esos conceptos fijados en todos sus discursos de estos días, se adivinan las líneas maestras de su gobierno, que vienen a ser también la concisión de sus propuestas de campaña y que en general se resumen en desburocratizar el Estado, hacer un nuevo Pacto Fiscal y recomponer relaciones internacionales, que es donde mayores esfuerzos se han dado en estas semanas aprovechando la coyuntura de la posesión y donde se obtiene rápida visibilidad.

En lo inmediato, resolver el problema de los combustibles es esencial y el propio presidente ha anticipado su solución, aunque ha advertido con posibles sabotajes logísticos por parte de funcionarios de YPFB, cuyo titular todavía se desconoce.

El asunto del dólar es más complejo, sobre todo porque en campaña también descartó un masivo endeudamiento con organismos internacionales. De momento se ha pactado un programa de 3.100 millones de dólares con la CAF – antigua Corporación Andina de Fomento y actualmente Banco de Desarrollo de América Latina – y se estima que el 15% de esos recursos lleguen en 30 días, pero aun así y aunque haya mejorado algo el nivel de Reservas Internacionales en el Banco Central, la liquidez de divisas sigue siendo el gran problema.

Varios analistas coinciden en que Paz Pereira mandó un mensaje más o menos encubierto en su discurso presidencial cuando se refirió a la necesidad de “ser y estar boliviano”, pues lo interpretan como un mensaje a los empresarios que han sacado sus divisas del país aunque se siguen beneficiando de las condiciones actuales. En campaña Paz Pereira cifró en 7.000 millones de dólares el nivel de recursos depositados en el extranjero y aseguró que se tomarían medidas para incentivar su retorno, aunque sin detallarlas.

Acudir a otros organismos internacionales multilaterales a buscar inyección de capital implica tener un plan de reformas convincente ajustada a los parámetros ortodoxos, es decir: control del déficit, que supone un recorte de gasto corriente, pero también incremento de ingresos, normalmente vía impuestos. El favorito del FMI suele ser el IVA, que en Bolivia es del 13% y es uno de los más bajos del mundo. La otra vía es la venta de empresas estatales.

Varios expertos también recuerdan que cualquier organismo multilateral le exigirá al país retornar al CIADI, el centro de arbitrajes del Banco Mundial, y sobre todo, cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE, que son quienes ya le exigieron a Luis Arce incluir normativa en la lucha contra el blanqueo de capitales y que obtuvo una gran oposición popular. Bolivia está desde entonces en la lista gris pues impide la supervisión internacional y tiene consideración de paraíso fiscal.

Reformas y más reformas

Al frente de Presidencia está José Luis Lupo, que será quien deba liderar las reformas de fondo en el país. En la lista de pendientes se encuentra la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de justicia, una reforma educativa, una reforma a profundidad de la administración del Estado, que seguramente es la prioritaria y una reforma financiera.

En campaña Rodrigo Paz ha planteado, por ejemplo, mantener subsidios “para quienes lo necesitan”, una situación que hoy por hoy no se puede cualificar objetivamente ya que no hay un mecanismo para calificar los ingresos y patrimonios de todos los ciudadanos del país.

Por otro lado, también ha planteado una distribución de recursos al 50% con los departamentos, lo que exigirá repensar la distribución de competencias para saber qué asuntos se sufragarán desde las administraciones autonómicas. Para ello será necesario pactar un acuerdo fiscal que va más allá de los recursos disponibles.

En el marco de la reforma educativa será necesario conocer finalmente el rol y denominación que obtenga el Ministerio de Educación. La titular, Beatriz García, tiene amplia experiencia en organismos internacionales y fundaciones vinculadas a la educación privada. Por lo general la tendencia es incidir en una educación más técnica y utilitaria, enfocada al mercado del trabajo. Más allá de la abrogación de la Ley Avelino Siñani, está por valorar la reducción de la educación obligatoria hasta los 18 años para añadir una cualificación más técnica y productiva en los últimos cursos.

La reforma laboral estará íntimamente ligada a la reforma educativa por ese lado. Por lo general se habla de una flexibilización en las normativas de contratación – y de despido -, una promoción del autoempleo, entre otras medidas que favorezcan la creación de empresas y la protección social de largo plazo de los trabajadores.

Esto también se va a relacionar con una reforma financiera que irá más allá de regular el tipo de cambio, sino también con la consolidación de medidas que hagan fluir el crédito hacia abajo – en campaña Paz y Lara han prometido créditos baratos para todos -. Regular el sistema bancario y también el rol de la Gestora en la decisión de sus inversiones para fortalecer el tejido empresarial e industrial nacional, algo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) olvidó, será parte de la agenda.

Por último, la reforma de la Justicia, a la que se han comprometido también todas las bancadas de la Asamblea, va a implicar medidas audaces y amplios consensos, pues probablemente también será necesario culminar con una reforma constitucional. Para el procedimiento se puede constituir una mesa externa de expertos o bien pilotarlo desde la comisión de la Asamblea.

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