La gestión de la Gestora y sus inversiones, un asunto electoral pendiente

Entre 2009 y 2024, el patrimonio de 15 bancos bolivianos creció de $us 884,7 millones a $us 3.400,6 millones, mientras los fondos de pensiones invertidos en el sistema financiero saltaron de $us 656 millones a $us 14.605 millones. En el mismo período, empresas vinculadas a expresidentes, exdiputados y operadores políticos captaron miles de millones del ahorro previsional mediante bonos, préstamos bancarios y fondos cerrados de inversión.

El análisis de diez casos documentados que se han ido publicando en este diario revela un patrón sistemático donde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) primero, y la Gestora Pública después, financiaron operaciones que beneficiaron a grupos específicos mientras reportaban rendimientos de 4,4% anual para los trabajadores.

Mientras tanto, ninguno de los dos candidatos ha propuesto auditorías de estas inversiones, reformas al mercado de valores o la democratización de la Gestora que administra todavía 28.000 millones de dólares.

Cinco casos, un patrón

Las grandes mineras

Entre 2009 y 2024, empresas mineras vinculadas al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada captaron $277 millones de fondos de pensiones. Sinchi Wayra S.A. —sucesora legal de Comsur— emitió bonos por $157 millones en 2008, adquiridos por las AFP que el mismo GSL contrató en 1993.

La estructura accionaria en 2008 mostraba a Iris Mines and Metals S.A. (empresa panameña de GSL) con el 99,89% de Sinchi Wayra, la gran administradora de los concentrados de zinc, plomo y plata de Porco y Bolívar que se exportan sin fundir hacia fundiciones extranjeras.

Las empresas del grupo (Sinchi Wayra, Illapa, San Lucas, Paitití) han emitido valores por más de $us 500 millones en total, adquiridos por AFP/Gestora y fondos de inversión que, a su vez, se financian con pensiones.

Gravetal: de la nacionalización archivada al grupo político

En junio de 2006, un proyecto de nacionalización de Gravetal llegó al gobierno de Evo Morales. Fue archivado. En junio de 2008, se constituyó Inversoja S.A. con $us 14.500 de capital inicial y, 13 días después, compró el 99% de Gravetal por $us 65 millones financiados por Monómeros Colombo Venezolanos (PDVSA).

Entre 2015 y 2025, Gravetal captó más de Bs 2.500 millones ($us 359 millones) del sistema financiero mediante préstamos bancarios, bonos y fondos cerrados. En 2024 registró 29 operaciones de financiamiento, comparado con 13 en 2022.

La deuda de Bs 298 millones que Inversoja registraba hacia Gravetal desapareció de los estados financieros entre diciembre 2022 y marzo 2024, cuando la empresa se liquidó con patrimonio de Bs 990 millones para distribuir.

Telecel: capital extranjero, financiamiento local

Desde 2012, Telecel emitió bonos por Bs 4.703 millones ($us 675,7 millones), adquiridos principalmente por AFP - Gestora. En octubre de 2023, dos meses después de captar Bs 520 millones, la empresa prestó hasta Bs 450 millones a sus matrices en Curazao y Suecia.

La estructura accionaria tiene 100% capital extranjero (Millicom International). Entre 2012 y 2024, su patrimonio creció de Bs 1.249 millones a Bs 2.160 millones, obteniendo utilidades totales por Bs 2.263 millones.

BFC: de la sanción internacional al crédito estatal

En febrero de 2023, Rusia vetó al Frigorífico BFC por documentos falsificados. En febrero de 2024, la Gestora autorizó adquirir bonos por $us 100 millones. En diciembre de 2024, el Banco Unión (98,5% estatal) otorgó crédito de Bs 56,7 millones. El contrato lo firmó Christian Paz Bernardini, hermano de Denise Paz Bernardini, presidenta del Directorio del BDP y asesora general hasta 2014 del presidente Luis Arce.

La composición accionaria de BFC es Frigorífico Concepción (Paraguay) 80%, Pedro Cassildo Pascutti (Brasil) 19%, Agroganadera Concepción (Paraguay) 1%.  Entre 2021 y 2024, BFC captó Bs 1.265 millones del sistema financiero, de los cuales Bs 298 millones provienen de la Gestora y fondos cerrados.

Ferroviarias: doble exposición del ahorro previsional

La Gestora posee 49,91% de Ferroviaria Oriental y 49,93% de Ferroviaria Andina. Adicionalmente, mantiene al menos $us 23 millones invertidos en bonos de Oriental y mantuvo $8,1 millones en bonos de Andina (2009-2014).

Como accionista, el Fondo de Capitalización Colectiva ha recibido $3,7 millones en dividendos de Oriental (2015-2021) y aproximadamente $27 millones de Andina (1996-2023). Ambas empresas mantienen política de distribución del 100% de utilidades cuando existen, mientras refinancian constantemente su deuda.

En 2023, Bolivia gastó cerca de $2.000 millones subsidiando combustible para transporte carretero, que moviliza el 85% de mercancías, mientras las ferroviarias representan solo el 10-15% del transporte nacional. Su nacionalización también estuvo sobre la mesa, pero el negocio quedó en manos privadas.

Un escenario cambiante

Entre 2006 y 2013, el modelo post-nacionalización generó superávit fiscal promedio de 2,5% del PIB y crecimiento de 5% anual. Las reservas alcanzaron $15.100 millones en 2014 y la pobreza extrema cayó de 38,2% a 17,8%.

Desde 2014, la caída de precios de commodities expuso vulnerabilidades estructurales. La producción de gas cayó 56%, las exportaciones de hidrocarburos pasaron de $6.011 millones a aproximadamente $3.000 millones, y el déficit fiscal promedió 7,5% del PIB.

En 2024, las reservas internacionales se sitúan en $1.900 millones, la brecha cambiaria alcanza 70% y el crecimiento económico es de 2,14%, el más bajo de la región según proyecciones del Banco Mundial para 2025 (0,6-1,2%).