Bolivia prohíbe matrimonios y uniones libres antes de los 18 años

Bolivia dio un paso decisivo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la promulgación de la ley que prohíbe el matrimonio y la unión libre antes de los 18 años. El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, oficializó la norma este miércoles, cumpliendo el último procedimiento legal para su entrada en vigencia.

El presidente Luis Arce informó en sus redes sociales sobre la promulgación de la norma, que fue sancionada hace seis días por la Cámara de Diputados y enviada al Ejecutivo el 24 de septiembre.

“La norma establece modificaciones a la Ley N° 603 en el que, entre otros, se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia (sic)”, recordó Arce.

Protección integral de la niñez

La nueva legislación tiene como propósito central la protección integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos. Busca erradicar los matrimonios forzados, prevenir uniones infantiles y resguardar el bienestar físico, mental y social de los menores de edad.

Con esta disposición, se eliminan todas las excepciones que hasta ahora permitían matrimonios antes de los 18 años, muchas veces producto de acuerdos familiares que derivaban en situaciones de abuso, violencia y vulneración de derechos.

Datos preocupantes

El debate sobre la norma estuvo respaldado por datos alarmantes. La Defensoría del Pueblo presentó en 2024 el informe “Sueños Interrumpidos”, donde reveló que en Bolivia se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, de acuerdo con cifras del Servicio de Registro Cívico (Serecí).

El mismo estudio estableció que, además, se realizaron 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años, de los cuales el 38% correspondió a menores de 16 años y el 62% a jóvenes de 17.

Un paso contra la violencia infantil

Con la promulgación de esta ley, Bolivia se suma a los países que endurecen las medidas para erradicar la práctica del matrimonio infantil, considerada una de las formas más graves de vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La entrada en vigencia de la norma marca un hito en la lucha contra las uniones forzadas y refuerza la responsabilidad del Estado en garantizar un desarrollo pleno y libre de violencia para las nuevas generaciones.