Detención preventiva en debate: el TSJ busca frenar malas prácticas

El sistema judicial boliviano enfrenta un momento complejo, tras décadas de cuestionamientos por el abuso de la detención preventiva y la falta de celeridad procesal, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha puesto en la mesa una instrucción que puede marcar un antes y un después: revisar de oficio las causas de los procesados que ya superaron los plazos legales de su detención.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, fue categórico: “El mensaje que le estamos dando al país es de manera clara, no le estamos buscando adornos; estamos diciendo que esas malas prácticas de administrar la justicia se tienen que acabar. Nosotros hemos empezado una gestión. Llevamos siete meses en el cargo, yo creo que la población ya tiene que percibir que en estos siete meses hemos ido buscando la forma de poder renovar y que desaparezcan esas malas prácticas”, afirmó la autoridad.

La declaración no solo apunta a casos emblemáticos de figuras políticas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, sino que abre la posibilidad de una revisión generalizada para los más de 33.000 detenidos preventivos que hoy esperan una resolución en los recintos penitenciarios del país.

El abuso de la detención preventiva

De acuerdo con el procedimiento penal vigente, la detención preventiva no puede exceder los 180 días —seis meses—, que es el tiempo máximo que dura la etapa preparatoria de una investigación. Una vez vencido ese plazo, si no se comprueba la responsabilidad del sindicado, corresponde su libertad.

En la práctica, este principio ha sido sistemáticamente vulnerado. Los procesos se alargan por años y las prisiones se convierten en cárceles preventivas donde miles de personas cumplen penas sin condena.

“Eso le estamos diciendo a los jueces: verifiquen si se ha cumplido el plazo de detención preventiva y, si es que se ha cumplido, apliquen lo que establece el procedimiento”, insistió Saucedo.

Casos emblemáticos bajo revisión

El instructivo del TSJ ha puesto bajo la lupa tres procesos de alto impacto político: Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, detenida desde 2021 por los casos “Golpe I” y “Golpe II”. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, encarcelado en Chonchocoro desde diciembre de 2022. Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, detenido desde 2021.

Los abogados defensores de estas figuras han advertido que los plazos legales ya fueron excedidos y que corresponde la aplicación inmediata de la normativa.

Para el lunes está prevista una audiencia en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que abordará la situación de Camacho y Pumari.

Justicia y política: una frontera difusa

La revisión de estos procesos ocurre en un contexto de transición política y elecciones generales. El aparato judicial, constantemente señalado por su falta de independencia, ha sido escenario de batallas entre oficialismo y oposición.

En los últimos días, las investigaciones no solo alcanzaron a opositores, sino también a figuras vinculadas al MAS:

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Un juez dictó su detención domiciliaria con medidas sustitutivas.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, enfrenta una investigación por el caso Botrading, que incluye presuntos sobreprecios en la importación de combustibles.

Este panorama revela un aparato judicial en movimiento, donde los procesos contra oficialistas y opositores conviven bajo la lupa de la opinión pública.

Saucedo anunció que, tras la revisión de los casos emblemáticos, se emitirá un instructivo para que todos los tribunales revisen las causas de la población penitenciaria. El objetivo: reducir el hacinamiento y devolver sentido a la justicia boliviana.

“También tiene que hacerse de oficio a todas las personas que están siendo procesadas y que tengan plazos vencidos. Estamos implementando de manera sistemática, gradual, una renovación para que desaparezcan esas malas prácticas”, subrayó el presidente del TSJ.

Esperanza
La instrucción del TSJ abre una rendija de esperanza para quienes llevan meses —y en algunos casos, años— detenidos sin condena

Hacinamiento carcelario: una deuda estructural

Más allá de los casos mediáticos, la raíz del problema es mucho más profunda. El Defensor del Pueblo estima que existen más de 33.000 detenidos preventivos en las cárceles del país. Muchos de ellos superaron los plazos establecidos sin que un juez haya revisado su situación jurídica.

En las cárceles de Bolivia hay 33.275 privados de libertad, con detención preventiva, que también se encuentran a la espera de la revisión de sus procesos, afirmó este viernes el defensor de Pueblo, Pedro Callisaya.

El pronunciamiento surge luego de conocer la instrucción que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de que se deba verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.   

“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, publicó en sus redes sociales.

En la instrucción del Presidente del TSJ a los tribunales departamentales de justicia afirmó que debe ser en el plazo de 24 horas la revisión de los casos de Añez, Camacho y Pumari.

“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, añadió Callisaya.

El desafío, sin embargo, es mayúsculo. No solo se trata de liberar a quienes ya cumplieron plazos legales, sino de transformar la cultura judicial que convirtió la detención preventiva en una regla, cuando debería ser la excepción.