El Tribunal Electoral siente “acoso judicial”, 10 procesos amenazan el 17A

El proceso electoral en Bolivia podría estar en riesgo por el creciente volumen de acciones judiciales que involucran a partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así lo advirtió el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien confirmó que existen al menos 10 acciones legales en curso y que se han anunciado cinco más.

Tahuichi explicó que las acciones son de diversa índole: amparos constitucionales, acciones populares, de cumplimiento y de libertad. Algunas apuntan directamente al TSE, otras lo involucran como tercer interesado, así como también se enfocan en anular a ocho organizaciones políticas que toman parte del proceso electoral

“Algunos somos directamente accionados, otros somos terceros interesados y otros, mal o menor, igual somos accionados”, precisó la autoridad respecto a la situación de los vocales y de las organizaciones.

Las 10 acciones en curso

Tahuichi explicó que entre los recursos hay un amparo constitucional contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que le dará su sigla a Andrónico Rodríguez, el cual debe resolverse este jueves. A esto se suma una acción popular contra APB Súmate y Morena, presentada por Omar Barrientos.

Asimismo, hay dos acciones de cumplimiento presentadas por el ciudadano boliviano-brasileño, Peter Erlwein Beckhauser, aunque una fue desestimada. Mientras que también hubo una tercera contra el MAS-IPSP que fue retirada.

También hay un pedido para cancelar la personería jurídica de Unidad Nacional, partido que es parte de la alianza Unidad, que encabeza Samuel Doria Medina. Otro tema también se centra en una acción popular de Humberto Claros contra ocho partidos.

Por último, hay una acción de cumplimiento por transfugio en Santa Cruz y un recurso contra una resolución vinculada al proceso electoral. A esto se suman tres denuncias de cancelación de personería jurídica contra los partidos MTS, PDC y UCS, que ya están en el TSE.

Según el vocal, las acciones legales pueden presentarse incluso “el día mismo de la elección o del cómputo oficial”, tema que genera una enorme inseguridad jurídica y “pone en riesgo el proceso electoral”.

Tahuichi agregó que cualquier resolución que adopten las salas constitucionales no será definitiva, pues todas pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que podría cambiar el curso de las decisiones. Además, apuntó directamente a la Asamblea Legislativa por no blindar el proceso electoral a través de una normativa adecuada.

Pese a esto, el vocal lamentó que no se ha tomado contacto formal con el TCP.

Frente a este panorama, Tahuichi lamentó que el sistema electoral esté en medio de un “fuego cruzado” y reiteró: “estamos dándole batalla con lo que tenemos”.

Unidad Nacional

Ante la denuncia presentada, Unidad Nacional respondió que son argumentos falsos que obedecen a intereses oscuros.

La denuncia, firmada por dos personas, se basa en una publicación de redes sociales de Samuel Doria Medina de 2016, donde señaló que la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, “no es la peor ministra de Evo, pero hace méritos”.

En criterio de los denunciantes, con esa frase Doria Medina incurrió en racismo, por lo tanto, su partido debería ser cancelado.

Unidad Nacional respondió que nunca sus dirigentes han tenidos sentencia por racismo ni discriminación.

“Rechazamos con indignación la judicialización de las elecciones a la que están entregados un grupo de personas con intereses oscuros y antidemocráticos, que recurren, sin vergüenza alguna, a argumentos falsos para impedir nuestra participación democrática”, dice el comunicado.

Morena y APB – Súmate

La acción popular que busca inhabilitar a Morena, que lidera Eva Copa, y APB - Súmate, de Manfred Reyes Villa, se sustenta debido a que ambas agrupaciones políticas habrían obtenido su personería jurídica en plazos irregulares.

APB-Súmate recibió su personería jurídica el 5 de diciembre de 2024, mientras que el 3 de abril se habrían cumplido 119 días calendario, cuando se deberían haber cumplido los 120 días que dispone la ley, según la observación que se hizo.

En el caso de Morena, obtuvo la documentación de su personería jurídica el 12 de febrero de este año, es decir, apenas 50 días antes del 3 de abril, señala la observación que hizo Vidaurre, de acuerdo a reportes de medios cruceños.

En un comunicado, APB-Súmate desestimó la denuncia y aseguró haber cumplido con todos los requisitos legales en “tiempo y forma” para obtener su personería jurídica, además, aseguró que el equipo jurídico se encargó del caso para defender los intereses de la organización política.

“Confiamos en que esta controversia se resuelva en los próximos días y se declare improcedente esta acción sin fundamento jurídico”, añade el comunicado del partido de Reyes Villa. 

Para el 23 de mayo se tiene previsto una audiencia donde se considerará el caso de ambos partidos políticos y su posible inhabilitación para que participen en las elecciones generales.