Comité multisectorial rechaza contratos del litio y no descarta el 25 de febrero radicalizar movilizaciones

El Comité Multisectorial incluyó entre sus demandas por la derogación de la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 el rechazo a la explotación de los contratos del litio en Potosí. De no ser escuchados, no descartaron radicalizar las medidas de presión.

Las diferentes instituciones participaron de un quinto encuentro en la Villa Imperial, donde aprobaron una nueva resolución que ratifica la exigencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de eliminar la disposición considerada “confiscatoria”.

Ninguna de las instituciones que participaron de la reunión y que forman parte de las cadenas de abastecimiento asistirá a las reuniones que convoque el Gobierno para tratar la reglamentación de dicha disposición, indica el punto dos.

“Rechazamos de manera unánime los contratos contraídos con Uranium One Group y la Hong Kong CBC correspondientes a los proyectos de ley 170 y 197 de la gestión 2024 2025. Potosí decide no ir a ninguna socialización”, se lee el séptimo punto.

En otro de los puntos acordados, se encuentra la convocatoria al sexto encuentro multisectorial a realizarse el martes 25 de febrero en Oruro donde se determinará “medidas de hecho”.

A pedido del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el Comité Multisectorial incluirá en su lista de demandas “urgentes” la necesidad de contar con una ley de litio “antes de cualquier acuerdo de explotación de este recurso”.

El secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, Cesar González, informó que ya existen propuestas como un paro nacional, marcha desde la localidad de Patacamaya hasta La Paz o incluso huelgas de hambre.

“No vamos a descartar ninguna medida hasta erradicar, extirpar, retirar, derogar, anular la Disposición Adicional Séptima y el tema de estos contratos lesivos no solo a Potosí, sino a todo el pueblo boliviano”, añadió.

A pesar del rechazo a la disposición del PGE, el Gobierno expresó la intención de que se pueda debatir el pedido mediante el diálogo, mientras que en el caso de los contratos para la explotación del litio, comenzó la etapa de socialización y no se los tratará en el Legislativo.