Siles cuestiona rechazo de algunos sectores al diálogo

El ministro de Justicia, César Siles, cuestionó que algunos sectores rechazaran la reunión convocada por el Gobierno y afirmó que asumieron posturas radicales, “satanizando” y exigiendo la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que apunta a garantizar la seguridad alimentaria.

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Siles reiteró la invitación a productores, gremiales, empresarios e industriales al diálogo

“Lamentablemente de algunos sectores, no de todos, recibimos respuestas inmediatas a las cartas de invitación al diálogo: No nos vamos a presentar o no queremos venir, porque primero se tiene que derogar la disposición nacional séptima”, explicó Siles en entrevista con Bolivia Tv.

El Gobierno convocó a reuniones, a partir del lunes, a los sectores productivos y gremiales que objetan la disposición adicional séptima. Siles denunció que quienes rechazaron el diálogo “satanizan” la disposición y no quieren explicaciones.

Los representantes de los gremialistas de El Alto y Santa Cruz, Toño Siñañi y Edgar Álvarez, respectivamente, se oponen a ir a un diálogo con el Gobierno nacional e insisten con movilizaciones a partir del 10 de febrero, en coordinación con actores empresariales, de comercio, de transporte y cuentapropistas.

“No nos dan siquiera la posibilidad de explicar y conversar (…) Queremos sostener diálogos por separado y estoy seguro que juntos vamos a construir la solución, la explicación y la aclaración a una disposición adicional que la han satanizado por no haber leído correctamente o tal vez hicieran una lectura meramente política”, afirmó.

Siles aseguró que el objetivo de la disposición séptima es luchar contra el agio y la especulación de productos de la canasta familiar desde todos los niveles de la administración central del Estado.

La disposición séptima tiene dos parágrafos. El primero, se relaciona a la necesidad y obligación que tiene el Estado Boliviano de garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales, a través de cuatro verbos rectores: controlar, fiscalizar, decomisar y confiscar, explicó.

“Quizás han entendido que controlar y fiscalizar también nos daba la facultad a las instituciones (Gobierno) de decomisar o confiscar, que es lo que suena mal. ¿No es cierto?, y eso es realmente satanizar, leer mal la norma”, indicó.

Subrayó que el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y las alcaldías no tienen tuición para realizar decomisos. “El decomiso y la confiscación son institutos jurídicos cuyo procedimiento y, además, su aplicación, únicamente lo puede realizar o el Ministerio Público o el juez en un proceso penal abierto”.

En ese marco, reiteró la invitación a productores, gremiales, empresarios e industriales a sentarse a una mesa de diálogo y trabajar también en el segundo párrafo de la disposición séptima, que indica que cada actor de la cadena productiva debe realizar una declaración jurada.

 “Es la declaración jurada que se tiene que hacer. Hemos puesto en la mesa de negociaciones que este segundo parágrafo, incluyendo el primero, podemos reglamentarlo conjuntamente con ellos para que se aclare, para que no tengan ninguna duda, para que no haya susceptibilidades”, insistió.