En Cobija registran 31 casos de embarazos adolescentes

El Foro Ciudadano de la Mujer en Pando (Focidem) ha reportado un preocupante aumento en los embarazos adolescentes durante la gestión 2024 y ha expresado su alarma por la impunidad prevalente en estos casos.

Según la presidenta de Focidem, Ruth Arauz, se han registrado 31 casos de embarazos adolescentes, la mayoría de los cuales involucra a jovencitas cuyos sueños y planes para su adolescencia se ven truncados.

Arauz destacó que, con 36 unidades educativas fiscales, dos de convenio y entre cinco y seis unidades particulares en la región, el número de embarazos registrados sugiere que podría haber un caso de embarazo en casi cada unidad educativa.

Además, Focidem ofrece asistencia legal y psicológica a las víctimas de agresión sexual y física, según despacho de radio Frontera de la red Erbol.

Estos datos coinciden con la reciente conmemoración del "Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes".

En Cochabamba, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lideró el viernes la ‘Marcha Blanca’ junto a diversas instituciones y miembros de la sociedad civil para sensibilizar sobre el incremento de casos de violencia sexual.

De hecho, la Defensoría ha invitado a este Foro a participar de este movimiento de solidaridad para acompañar a las víctimas de violencia sexual, donde defensores de los derechos humanos, agencias gubernamentales e instituciones de la sociedad civil se unen para mostrar apoyo a los sobrevivientes y tolerancia cero ante la agresión sexual.

La Defensoría ha remarcado la importancia fundamental de velar por los derechos a esta población en situación de vulnerabilidad, así como la sensibilización y difusión en medios de comunicación sobre las causas, consecuencias y las políticas de prevención sobre la violencia sexual, como lo establece la Ley Nº 3773.

Este año, el Ministerio Público ha registrado 24,126 casos, un aumento de 600 con respecto al año pasado. Las autoridades instan a la sociedad a romper la cultura del silencio y a reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos que deben ser protegidos por el Estado, la familia y la comunidad.