Salud trabaja en un plan para reducir los riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio

Frente la problemática por el uso del mercurio en la minería ilegal, el Gobierno se encuentra trabajando en un plan que apunta a la reducción de los riesgos y efectos debido a la exposición de la población.

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, explicó que el proyecto en este momento es un borrador que está siendo trabajado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas toxicólogos.

“El objetivo de plan es el de establecer líneas estrategias para orientar las acciones del sector salud a la reducción de los riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio en la población boliviana”, informó en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, y de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe.

El documento borrador tiene cinco líneas estratégicas: Evaluación y gestión de riesgos en la población expuesta; fortalecimiento del sistema de salud para la atención a la población expuesta.

La tercera es la comunicación de riesgos, información y educación; reducción eliminación y gestión de productos con mercurio añadido y la quinta es gestión y marco normativo intersectorial de las sustancias químicas.

Castro señaló que además se viene elaborando un segundo documento que es una guía para un diagnóstico clínico para el tratamiento y vigilancia de la intoxicación por mercurio en Bolivia que en la actualidad se encuentra en fase de revisión.

Ambos documentos se espera que estén concluidos para el próximo mes.

La elaboración del plan surge tras un operativo que fue ejecutado en pasados días en el río Madre de Dios donde se aprehendió a 57 personas, acusadas, presuntamente, realizando la explotación ilegal de oro.

El ministro Méndez informó que 11 cooperativas tienen la licencia ambiental y se encuentran afiliadas a la asociación de balseros del río Madre de Dios. Todas están siendo controladas y monitoreadas.

Sin embargo, cuestionó que río más arriba existe la actividad minera “sin ningún derecho de operación” lo que derivó -producto de denuncias- a la intervención policial junto con la Armada, Fiscalía, entre otras instituciones.

“Atentar contra el agua es atentar contra la salud de la población, contra su derecho fundamental a la vida”, añadió.

El ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, consideró que la actividad minera tiene que ser regulada y que corresponde a la Comibol trabajar en un plan de concientización para evitar su uso en la minería aurífera.