INRA revela que denuncias de avasallamientos pasaron de 208 a 237 y que en 100 no tiene competencia

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Eulogio Núñez reveló este domingo que las denuncias sobre avasallamientos pasaron de 208 a 237 en todo el país, y que de los cuales en 100 no tiene competencia.

De acuerdo con Núñez, el incremento de las denuncias se dio luego de que el 13 de diciembre el Gobierno nacional, a través de la Policía, asumió de manera directa la intervención a predios presuntamente avasallados y desalojó a los ocupantes en al menos cinco terrenos en el departamento de Santa Cruz.

Tenemos “237 denuncias que han llegado al INRA, pero en 100 el INRA no es competente porque ya están titulados, cuando ya están titulados el INRA no tiene competencia, (en ese caso el propietario) debe acudir con su título de inscripción al juez agroambiental”, precisó Núñez en declaraciones a Bolivia TV.

Por normativa, el INRA solo tiene competencia en denuncias sobre avasallamientos a terrenos en proceso de saneamiento y en tierras fiscales, y no así en propiedades con títulos y mucho menos en predios que pertenecen a la jurisdicción municipal.

En el caso de Santa Cruz, el 92% de las tierras ya fueron saneadas y solo resta por concluir el 8%.

Cuando el INRA recibe una denuncia de avasallamiento, lo primero que realiza es una inspección, una vez comprobado el ilícito procede a realizar la “intimidación” a los responsables explicándoles que están infringiendo la normativa y que tiene cinco días para desalojar el terreno. Si acaso no lo hacen, el INRA apela a la Policía para realizar el desalojo.

“De esos casos hay 17, de ellos en cuatro se ha procedido a desalojar”, indicó el funcionario del INRA.

En el caso de que un predio con titulación es ocupado, el propietario debe acudir a los tribunales agroambientales para presentar la denuncia que es procesada de forma inmediata siempre y cuando se cuente con la documentación respaldatoria.

En el caso de Santa Cruz se cuentan con juzgados ambientales en Camiri, Vallegrande, Pailón, Concepción, entre otros lugares.

“Cuando están titulados se puede hacer la denuncia hasta de forma verbal, se inicia el proceso que es sumario, rápido y el juez dicta medidas precautorias que incluyen el desalojo”, explicó Núñez.

La Ley 477, promulgada en 2013, establece una pena privativa de entre tres a ocho años para los autores de los avasallamientos, pero además dispone que quien cometa este ilícito no pude recibir tierras del Estado por el lapso de 10 años.

Mientras que, para los traficantes de tierra, la norma determina una privación de libertad de seis a ocho años.

En apego a la normativa, la pasada semana la Policía nacional intervino en cinco predios presuntamente avasallados, cuatro en zonas rurales y uno en la ciudad de Santa Cruz.

“Se ha devuelto la propiedad a sus propietarios y están los procesos abiertos en el Ministerio Público y ahora los dueños deben ayudar con pruebas”, señaló Núñez.

El funcionario solicitó a las autoridades municipales y departamentales a asumir una labor en conjunto para frenar los avasallamientos y no politizar y confrontar con estos casos.

Dijo que entre los avasalladores no solo hay pequeños, sino también medianos e incluso extranjeros.

“Avasalladores hay de todo y de todas las fuerzas políticas. Dejemos de politizar y dejemos de querer confrontar a Santa Cruz con el Gobierno. Unamos esfuerzos porque compete a todos”, insistió.