Sugieren al Gobierno realizar contratos internacionales para acelerar la ejecución del Censo

Las asociaciones de gobiernos autónomos Municipales de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Santa Cruz se retiraron de la comisión técnica de Trinidad y sugirieron al Gobierno realizar contratos internacionales y directos para acelerar los procesos de adjudicación en herramientas que serán usadas en el Censo de Población y Vivienda.

“Se tiene que contratar una empresa internacional que escaneé las boletas, esta empresa internacional tiene que proveer el software y en el mundo hay solamente tres empresas que proveen ese software, eso tiene sus tiempos. La plata para este ítem sale de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y a su vez el banco tiene una normativa que la tenemos que seguir, por tanto es contratación internacional, no se aplica normativa boliviana”, dijo el delegado de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), Leoncio Laime, al momento de ofrecer un conferencia junto a sus pares de los demás tres departamentos.

En abril de este año, el Gobierno fijó en $us 68 millones el costo de todo el proceso censal, los recursos para este objetivo tienen dos fuentes internacionales, el primero es Fonplata que otorgó un préstamo de $us 40 millones; luego el BID autorizó el desembolso de son $us 26,4 millones y la diferencia ($us 1,6 millones) serán erogados por el Tesoro General de la Nación (TGN).

Ahora, en las reuniones, las “dificultades administrativas” fueron el principal argumento, aseguró Diego Chávez, delegado del municipio de La Paz, y explicó que, como técnicos en las instituciones, saben que no existen pasos cerrados y siempre existen alternativas.

José Luis Santistevan, delegado de la Gobernación de Santas Cruz, también planteó un decreto del Gobierno que permita salvar la no objeción de los organismos que desembolsaron los créditos para este proceso.

“Hay que hacer un plan ágil de contrataciones directas y por excepción, según la naturaleza de la contratación, y solicitar la no objeción del financiador que lo único que exige es transparencia en los procesos. Es una competencia privativa del nivel central la realización del censo, mediante decreto supremo se puede efectivizar”, señala un documento que hizo llegar Santistevan a los medios de comunicación.

Sin embargo, en las conferencias de prensa que organizaron las autoridades en la ciudad de Trinidad, en ningún momento se refirieron a ese impedimento y solamente se refirieron al “cumplimiento de condiciones del financiador”, en clara alusión a los pasos administrativos que deben cumplir.

“Revisando minuciosamente, con la norma en la mano, todos los plazos administrativos para la ejecución de estas variables, resulta que es humanamente imposible, y se convencieron los técnicos del comité interinstitucional, de que el Censo se pueda recorrer”, dijo Laime.

Hasta el momento, el Gobierno no reveló las condiciones de los préstamos que adquirió con Fonplata y el BID.

Esta madrugada, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, brindó una conferencia de prensa para anunciar que la comisión técnica concluyó que sólo lograron reducir un mes de todo el proceso precensal y ratificó que el empadronamiento nacional se realizará en 2024, pero entre marzo o abril.