Arturo Murillo será sentenciado por corrupción en EEUU

Arturo Murillo Prijic, el preso número 02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, se presentará en audiencia el jueves 20 de octubre para declararse culpable ante la justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.

La Procuraduría General del Estado informó en su momento que el próximo jueves el encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del gobierno de Jeanine Áñez asumirá su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de la ahora sentenciada a 10 años de prisión en Bolivia.

El procurador Wilfredo Chávez explicó el pasado 6 de octubre que, con esa decisión, Murillo no se someterá a un juicio con jurados, en el distrito judicial del sur de la Florida, y que podría recibir una sentencia de seis años de cárcel.

Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.

La autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de 75.000 dólares y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Áñez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones.