Santa Cruz se va a un paro general para el 8 y 9 de agosto

La segunda cumbre departamental de Santa Cruz por un “censo oportuno y transparente” aprobó la tarde de este sábado ir a un paro general departamental con bloqueo de caminos y cierre de fronteras el próximo 8 y 9 de agosto, si el gobierno hasta esa fecha no abroga el decreto que posterga el censo hasta el 2024.

Así reza una de sus conclusiones leídas por el vocero institucional, Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, junto al gobernador Luis Fernando Camacho, diputados y senadores cruceños, y autoridades departamentales.

La cumbre también ratifica el rechazo de la primera cumbre departamental de rechazar el decreto supremo 4760 del 13 de julio de 2022 que posterga el censo para el 2024 y exigir su inmediata abrogación.

Exigen que el censo se lleve de manera impostergable el primer semestre del 2023 para lo cual el gobierno central debe iniciar de manera inmediata y en coordinación con universidades y municipios del país, las acciones necesarias para concertar un cronograma que garantice su realización.

También expresó un voto de respaldo a las acciones del rector como representante de la comisión interinstitucional para que junto a la comisión técnica hagan conocer al presidente del Estado, al ministerio de Planificación y al INE, de manera fiel, las demandas planteadas en ambas cumbres departamentales para la realización del censo de manera oportuna y transparente.

Las entidades reunidas decidieron continuar en estado de emergencia departamental y, en caso de que el gobierno central, no escuche y satisfaga las legítimas demandas dispuestas en las cumbres regionales, ingresar en un paro general departamental de 48 horas los días lunes 8 y 9 de agosto de 2022 con cierre de fronteras departamentales y bloqueo de carreteras, dice la parte final.

La resolución contrasta con la posición asumida por el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien anticipó su rechazo a cualquier intento de paro, mientras algunas organizaciones sociales como gremiales y transportistas se sumaron a la línea de la autoridad municipal.