Imputación a Dávila revela movimientos de dinero sin respaldo

La imputación contra el coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la fuerza antidroga, revela los indicios en que se basó la Fiscalía para sindicarlo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, como cuatro operaciones bancarias que, de acuerdo con la investigación, no tienen respaldo en el origen y destino del dinero.

Según la imputación en las investigaciones iniciales se detectó que Dávila había llenado seis formularios PCC-01, el cual se exige en operaciones bancarias de importantes sumas de dinero para declarar el origen y destino.

De los seis formularios, cuatro corresponden a operaciones de retiro por un total de $us 42.600.

Como origen de ese dinero, Dávila registró depósito de su hijo, ahorros por trabajo en la Policía y por contrato de un anticrético, sin embargo, no se encontraron respaldos en la revisión en el sistema TEMIS de Derechos Reales.

Asimismo, en los destinos del dinero se declaró la compra de un terreno y anticipo de anticrético, de los cuales tampoco se tienen respaldos, según la imputación.

También se registró que el dinero serviría para compra de un vehículo, pero tampoco se encontró evidencia en el sistema del RUAT. 

Otro aspecto mencionado en la imputación es que el 4 de diciembre de 2020, Dávila declaró como policía ser propietario de tres "Bienes". con un patrimonio de más de Bs1.000.000.

A esos elementos se suman las publicaciones de prensa, las cuales revelaron que Dávila era investigado por la DEA de Estados Unidos por tráfico de droga.

En la imputación se señala que, según publicación de prensa, en la justicia colombiana radica un proceso, en el cual se menciona a Maximiliano Dávila, alias “Macho” como acusado en un proceso por tráfico de droga en Nueva York, Estados Unidos.

En el mismo proceso está acusado el expolicía boliviano Omar Rojas, quien ya está detenido en Colombia y sería extraditado a EEUU.

En base a esos elementos, la fiscal Lupe Zabala imputó a Dávila por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y pidió su detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro. El juez primero anticorrupción de La Paz debe llevar la audiencia cautelar respectiva.