Instan al gobierno a abrogar normas "incendiarias"

Los últimos años, Bolivia registró incendios de gran magnitud que incluso alertaron a la comunidad internacional por la cantidad de biodiversidad afectada y perdida. Ante esto, colectivos nuevamente instan al actual gobierno a abrogar normas denominadas “incendiarias” para evitar repetir estos escenarios en el país.

“El gobierno de Luis Arce tiene la obligación de abrogar las leyes incendiarias para que no se repita una tragedia en la Chiquitanía como la del 2019 y del pasado año”, dijo el activista Pablo Solón en entrevista con Fides.

El 2019 se registraron incendios de mayor magnitud en el país, frente a esto y todo un proceso de demanda y testimonios de expertos, autoridades, instituciones y territorios afectados, una sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) calificó el suceso en la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía como un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”.

Las y los jueces indicaron que, “según las pruebas presentadas, en Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas, de los que el 65% de la superficie afectada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el Beni, afectando principalmente a la región de la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalan que el 27% de las áreas afectadas se quemaron por primera vez”.

Además, el fuego afectó a ‪1.133.037 hectáreas de áreas naturales protegidas, ‪969.718 hectáreas de tierras de uso forestal, ‪341.790 hectáreas de tierras de uso silvopastoril y 5.336 de tierras de uso restringido.