Defensoría pide indagación rápida de mujeres asesinadas

La Defensoría del Pueblo expresó su llamado de alarma por el hallazgo, en la zona de Tres Arroyos del municipio de Villa Tunari en el departamento de Cochabamba, de los cuerpos sin vida de dos mujeres, B.G.U. de 30 años que desapareció en 2017, de M.M. que desapareció en 2018, que tendrían probable relación con los casos de feminicidios de N.L.A. de 19 años y de M.O.H de 25 años, quienes desaparecieron el 15 de febrero y el 21 de diciembre del 2020 respectivamente. 

Preocupa a la institución que se haya encontrado un lugar –que con probabilidad fue utilizado para ocultar casos de feminicidio o con participación de miembros del crimen organizado– para enterrar a sus víctimas, que, de acuerdo a información preliminar del Ministerio Público, existiría un modus operandi idéntico, con actos de violación y abuso con extrema crueldad hacia las cuatro mujeres víctimas que terminaron en feminicidio.

Si bien, producto de la investigación judicial ya se cuenta con una persona sentenciada a 30 años de cárcel y otras dos con detención preventiva, la institución defensorial recuerda al Estado boliviano que conforme con el estándar interamericano de derechos humanos, tiene el deber de “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

También recuerda que la Sentencia del Caso Gonzales y otras “Campo Algodonero” vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció “el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por la Corte, tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres”.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo exige a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y al Órgano Judicial, dar celeridad a las investigaciones para identificar a todas las personas involucradas en estos actos de violencia y sancionarlas con todo el rigor de la ley.