Agresiones a la libertad de expresión en Bolivia aumentaron en 383% en un año, según ANP

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) registró en el año 2019 un total de 162 casos de violación a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, con un incremento de 383% en relación al año anterior, según se reporta en el Informe Sombra presentado por la organización regional Voces del Sur (VDS).

La ANP que representa a los principales diarios bolivianos, revistas especializadas y la Agencia de Noticias Fides (ANF), es integrante del grupo latinoamericano Voces del Sur, conformado por 10 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, y Brasil.

Voces del Sur monitorea la Meta de Desarrollo Sostenible (SGD – por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, la cual promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de la construcción de instituciones abiertas, transparentes y efectivas.

El capítulo dedicado a Bolivia (pag. 32) expresa que “El terrible salto en las alertas relacionadas con agresiones y ataques—un incremento de 383% de un año al otro—se compara únicamente con el incremento en gravedad y crueldad de las agresiones y ataques. Las vidas y bienestar de periodistas, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos han sido sistemáticamente atacada a través de palizas, uso de gas lacrimógeno e incluso explosivos”.

De acuerdo al análisis contenido en el Informe Sombra de VDS, “La libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Bolivia fueron significativamente tensas en el 2019 debido a las protestas masivas, al malestar social que hundió a Bolivia en el contexto de un proceso electoral defectuoso, la controversial salida de Evo Morales del poder, y las consecuencias posteriores de una agitación política. Muchos de los actores involucrados en el conflicto político y social, en todos los bandos, desaprobaron y violaron estas libertades fundamentales”.

La Unidad de Monitoreo de la ANP, la única entidad que realiza el registro documentado de agresiones a periodistas y medios de comunicación desde 2008, reportó un crecimiento de hechos de violencia contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos durante un año electoral conflictivo que generaron protestas de diferentes sectores.

“El estado de máxima tensión y polarización dio paso a ataques contra periodistas y medios de comunicación y mostró la lucha por controlar las narrativas a toda costa y desde todos lados. Esto señala un momento preocupante para el periodismo boliviano. La colisión entre grandes sectores de la sociedad boliviana y periodistas dio como resultado un incremento dramático en las alertas registradas relacionadas con violaciones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información”, agrega el documento.

Ataques a periodistas

Las agresiones y ataques constituyeron un 53% del número total de alertas en contraste con un 28% en 2018.

El estado fue identificado como el perpetrador en 28% del total de las alertas registradas en Bolivia en 2019. La mitad de estas alertas identificaron a la rama ejecutiva como el perpetrador específico y están principalmente relacionadas con el discurso estigmatizador y el uso abusivo del poder estatal.

También se incluyeron alertas que identificaron a las ramas judicial y legislativa como perpetradores de violaciones relacionadas con procesos judiciales y el marco legal contrario a las normas. A pesar del importante rol del estado como perpetrador, 72% de las alertas registradas en Bolivia identifican a actores no estatales—principalmente manifestantes—o perpetradores desconocidos.

Del total de 87 alertas relacionadas con agresiones y ataques, 71 fueron identificadas como actores no estatales o desconocidos y 61 corresponden directamente a manifestantes atacando periodistas.

En Bolivia, Ecuador, y Guatemala la dramática inestabilidad social y política resultante de las protestas masivas donde los derechos humanos básicos—incluyendo la seguridad y protección a periodistas y el acceso a información pública—fueron gravemente violentados.

En Brasil y Argentina la violencia contra periodistas y medios de comunicación no se ha materializado en ataques sistemáticos, pero se manifiesta en una violencia discursiva, acoso, intimidación y amenazas, las cuales, a la larga buscan imponer miedo y auto censura. En Perú y Uruguay, a pesar de tener los niveles más bajos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en la región, los retos para acceder a la información persisten a través de ataques y agresiones aislados y procesos judiciales ocasionales por calumnias y difamación.