Solo hay seis centros para acoger a víctimas de trata

Una investigación de la Defensoría del Pueblo evidenció que en Bolivia solo existen seis centros de Acogida Especializados para víctimas de trata y tráfico de personas, lo que muestra que las personas rescatadas en otros puntos del país no cuentan con la posibilidad real de recuperarse de sus victimarios. De estos centros solo dos son estatales.

“De la información recibida, se evidenció la existencia de seis centros de acogida especializados para la atención de víctimas de trata y tráfico de personas, y delitos conexos, en cuatro Gobiernos Autónomos Departamentales, de los cuales tres se encuentran en el departamento de La Paz, uno en Potosí, uno en Cochabamba y uno en Santa Cruz”, resalta el Informe Defensorial Cumplimiento a la Creación de Centros de Acogida Especializados para Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos.

El estudio, presentado este martes, explica que de los centros de acogida solo dos son de administración directa por los gobiernos departamentales de La Paz y Potosí, y los restantes cuatro son de administración delegada y/o de convenio.  No hay ningún centro municipal.

Esta situación y la falta de personal cualificado y capacitado tienen como consecuencia una deficiente atención y protección especializada para las víctimas de trata y tráfico en la etapa de recuperación de los daños físicos y psicológicos sufridos, “lo que las pone en riesgo de volver a ser captadas por redes de tratantes”.

Esta realidad “refleja el incumplimiento del Estado a lo que dispone la Ley 263 Integral contra la  Trata y Tráfico de Personas”, se lee en una de las primeras conclusiones del estudio.

La investigación alcanzó a los nueve gobiernos departamentales y 39 gobiernos municipales en todo el país: 10 de ciudades capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto, y 29 de ciudades intermedias.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la cantidad reducida de víctimas que accede a servicios especializados, pues, según datos del Ministerio de Público, durante 2018 y el primer semestre de 2019, se reportaron 733 víctimas de trata y tráfico, de las cuales sólo 207 recibieron atención y protección institucional; es decir que “el 71,76% de las víctimas no contaron con estos servicios durante estos dos últimos años”.

La investigación identifica que los servidores públicos conciben que todas las formas de violencia contra las mujeres ameriten una sola forma de protección, sin tener en cuenta la especificidad y las características propias de las víctimas de trata y tráfico.

Asimismo, evidencia también una falta de coordinación interinstitucional y de especialización en la normativa y protocolos de atención y repatriación de víctimas de trata y tráfico. Y resalta que los municipios de Riberalta, Cobija y Tarija requieren un especial fortalecimiento respecto a sus medidas de protección institucional a víctimas, por encontrarse en zonas fronterizas de alta vulnerabilidad.

Ante los hallazgos en la investigación defensorial, la Defensoría del Pueblo recomendó, entre otros puntos, a los gobiernos departamentales de Oruro, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni abrir o crear centros de acogida especializados para la atención y la reintegración a víctimas de trata y tráfico; la aprobación de normativa departamental para regular la acreditación y funcionamiento de centros de acogida en Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; y establecer un sistema de registro, seguimiento y cruce de información sobre víctimas de trata y tráfico.

Asimismo, sugirió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaborar, conjuntamente al Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de personas, un modelo de atención en centros de acogida especializados, que oriente y uniformice en todo el país, las características con las que deben funcionar éstos.