Implicados piden anulación del juicio por caso Terrorismo

El abogado Gary Prado pidió este martes que el juicio por el caso Terrorismo se anule debido a que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz no cuenta con quorum suficiente para llevar adelante las audiencias de juicio oral. Además, anunció que formalizarán una denuncia contra el juez Sixto Fernández por instruir que se tomen decisiones judiciales a favor del gobierno de Evo Morales.

La reacción surge luego de que la jueza ciudadana Sonia Mamani presentó su renuncia al cargo, tema que debe tratarse en audiencia el próximo jueves en el Tribunal Primero de Sentencia, instancia integrada por la jueza ciudadana Mamani y su colega Anastasia Calisaya y los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio.

Prado dijo que ante la renuncia de Mamani y la inasistencia de Calisaya no existe quorum para que sesione el Tribunal, por tanto, el juicio llevado por esta instancia debe anularse y pasar los obrados a otra instancia judicial.

“Al momento que una de las (juezas) ciudadanas renuncia y no se puede seguir con su presencia en el juicio, el Tribunal no tiene quorum y por lo tanto debe desintegrase, significa que el juicio se anula y debe pasar todos los antecedentes del juicio a un siguiente Tribunal para que reinicie el juicio”, apuntó Prado.

El abogado Prado explicó que según la Ley 1970 los tribunales de sentencia están conformados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, encargados de llevar adelante un juicio; puede haber quorum incluso si hay dos jueces técnicos y con sólo dos jueces ciudadanos como se hizo en el caso Terrorismo, por lo que, en la actual situación de renuncia de una de las juezas y la inasistencia de otra no existiría el quorum requerido.

El jurista indicó que la jueza Calisaya ya no asiste a las audiencias debido a que las actuales autoridades del Ministerio de Gobierno ya no le pagan sus viáticos y pasajes, tal como lo hacían las exautoridades de esa cartera de Estado, en el gobierno de Evo Morales.

En relación a la jueza Mamani, ella presentó su renuncia irrevocable y denunció a las autoridades del anterior gobierno por pagar los gastos de las autoridades judiciales con el fin de presionarles y obligarles a “votar en línea”, para emitir fallos a su favor. Según Mamani, lo correcto era que el Consejo de la Magistratura realice esos pagos de viáticos y pasajes y no así el Ministerio de Gobierno.

También acusó al juez Fernández (presidente del Tribunal) por imponer su criterio en las decisiones judiciales, no permitir votos disidentes e incitar a seguir instrucciones de aquellas autoridades que realizaban los pagos de viáticos y pasajes.

El abogado Prado señaló que las acusaciones que hizo Mamani contra Fernández son graves porque hacen ver que no se administró la justicia de manera imparcial, por ello prepara una denuncia penal contra el juez Fernández para que sea investigado.

“La jueza ciudadana está señalando que el presidente del Tribunal la obligaba a votar en línea y le instruía a seguir las decisiones que se tomen desde el acusador particular, vale decir el Ministerio de Gobierno”, manifestó el jurista.

Renuncia

El abogado Eusebio Vera informó que el jueves se definirá si la renuncia de la jueza Mamani se acepta o se rechaza. Dijo que la carta de renuncia de la jueza ciudadana más parece una denuncia porque hace alusión a una serie de irregularidades que se habrían cometido en el desarrollo del juicio.

“Hace relación de todas las irregularidades, en relación a las presiones que habría recibido por parte de los personeros del Ministerio de Gobierno, en forma específica del director jurídico Filemón Sandoval, en relación a un favorecimiento en el juicio dentro del caso Terrorismo, y el favorecimiento sería una parcialización abierta y directa, con instrucciones precisas, en favor del denunciante, que en este caso es el Ministerio de Gobierno”, manifestó.

Los miembros del Tribunal Primero de Sentencia llevan adelante el juicio oral contra aquellas personas que integraban un supuesto grupo terrorista que planeaba realizar un magnicidio y promover el separatismo en el país.