El MAS prevé tratar hoy la Ley Electoral tras jornada violenta
Evidentemente, la convocatoria electoral, los salvoconductos, el uso de la fuerza y las movilizaciones contra el Gobierno de Jeanine Áñez están sobre la mesa de negociación de la que nadie quiere que salga ninguna información, y tal vez sea ese el único acuerdo realmente alcanzado. También...
Evidentemente, la convocatoria electoral, los salvoconductos, el uso de la fuerza y las movilizaciones contra el Gobierno de Jeanine Áñez están sobre la mesa de negociación de la que nadie quiere que salga ninguna información, y tal vez sea ese el único acuerdo realmente alcanzado. También la cuenta de twitter de Evo Morales.
La susceptibilidad está a flor de piel y cada palabra cuenta. No está claro ni que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenga verdaderos representantes sentados en esa mesa de la zona sur, ni que todos los actores de la oposición representados actúen bajo una misma línea. Los resultados son elocuentes.
La apuesta es clara: convocar elecciones y tener un nuevo Presidente electo el 22 de enero de 2020. Así lo considera el MAS, el propio cívico Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, que no oculta su intención de volver a concurrir. El Gobierno de Jeanine Áñez no lo tiene tan claro, fundamentalmente por lo de los plazos, aunque también insiste en que su único objetivo es convocar elecciones, más allá de los planes de grandeza que anuncien sus ministros.
El MAS tiene la llave a priori más importante. Controla las cámaras en la Asamblea y con sus dos tercios puede elaborar la Ley precisa para acomodar los plazos a sus propios intereses. Es la democracia de 2014. El Gobierno no lo ve claro. El MAS, en un más que probable gesto vinculado a la negociación, suspendió la sesión del martes, pero aseveró que hoy miércoles no perderá el tiempo.
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 19, 2019
La presidenta del Senado, Eva Copa, se ha puesto el partido al hombro, y también al país. No dudó ayer, por ejemplo, en condenar la huida de la diputada Susana Rivero y su esposo, que en realidad contenía una especie de mensaje velado hacia los muchos “invitados” que no dudaron en dejar su curul ni bien se complicó el asunto. En Tarija renunció, por ejemplo, Milcíades Peñaloza, Ignacio Soruco, y otros muchos voceros de los “tiempos gloriosos” que han, literalmente, desaparecido.
En las palabras están los detalles. Las movilizaciones coordinadas por el MAS piden ahora mismo la renuncia de Jeanine Áñez y la recuperación de la institucionalidad, pero no literalmente “el retorno de Evo Morales”, como bien se cuidaron en redactar, por ejemplo, los movimientos sociales en el cabildo en Tarija.
La carta del Gobierno
Por el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, es quien va dosificando la información de la negociación; y también haciendo públicas las líneas rojas. Ayer se filtró parte de la lista de autoridades y funcionarios que han pedido asilo en la embajada de México y piden supuestamente un salvoconducto para salir del país. En la lista se cita a los ministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Javier Zavaleta, Óscar Coca o el exministro Hugo Moldiz, pero también a Evaliz Morales, que no tendría ningún caso pendiente ni nada parecido, y también algunas autoridades de menor rango que no tendrían – aparentemente – nada que ver con el conflicto para solicitar un asilo como el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna; la exdirectora de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Teresa Morales o el oficial de seguridad de información funcionario del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Sergio Daniel Martínez según información de Los Tiempos; aunque los medios que llegaron hasta allí fueron negados por los funcionarios presentes.
La carta del Gobierno parecía ser precisamente los salvoconductos, que por el momento se han negado a los ministros más polémicos, sin embargo, después de las declaraciones de Copa no es tan seguro que el objetivo del MAS ahora sea salvar su pasado y no su futuro.
Adriana Salvatierra, el activo que tuvo más poder en el MAS que queda a la luz, habla por cuerda separada y es quien sostiene la denuncia de persecución política. Justiniano niega y se atiene a la Justicia. Algunos opositores también cercanos a Áñez han presentado una avalancha de denuncias contra Morales y otras autoridades. La Fiscalía, por el momento, es sorpresivamente diligente en las actuaciones sobre los enfrentamientos – ayer informó sobre el supuesto miembro de las FARC – y también sobre la investigación por el fraude electoral aflorado en el informe de la OEA.
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 19, 2019
El plazo finaliza el 22 de enero de 2020, aunque el Gobierno habla de 90 días para convocar según Constitución y exhibe el decreto basado en jurisprudencia preconstitucional, aunque esa salvedad se activaba en el caso de que la Presidencia hubiera recaído en el Presidente de Diputados.
De momento, los días corren y nadie ha logrado dar con la tecla acertada.
La violencia como vía de negociación
Fundamentalmente las movilizaciones se concentran en El Alto y Cochabamba y en las comunidades en la ruta de Oruro a La Paz, donde hay docenas de bloqueos. La violencia ha bajado en Cochabamba, mientras que ha elevado el tono en El Alto. La intervención en Senkata ha marcado otro punto negro, aunque en horas de la noche el Ministro de Defensa negó que el Ejército hubiera disparado un solo proyectil.
En la mesa de negociación, la violencia suma poco a ambos lados, pues la batalla se libra también entre la opinión pública y nunca olvida que de fondo, vendrán otras elecciones. Si tiene más espacio en el ámbito internacional, que no se fija en detalles, mientras Morales sigue ofreciéndose a volver para “pacificar el país” al tiempo que se enreda sobre su ascedencia real sobre los movimientos movilizados.
La susceptibilidad está a flor de piel y cada palabra cuenta. No está claro ni que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenga verdaderos representantes sentados en esa mesa de la zona sur, ni que todos los actores de la oposición representados actúen bajo una misma línea. Los resultados son elocuentes.
La apuesta es clara: convocar elecciones y tener un nuevo Presidente electo el 22 de enero de 2020. Así lo considera el MAS, el propio cívico Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, que no oculta su intención de volver a concurrir. El Gobierno de Jeanine Áñez no lo tiene tan claro, fundamentalmente por lo de los plazos, aunque también insiste en que su único objetivo es convocar elecciones, más allá de los planes de grandeza que anuncien sus ministros.
El MAS tiene la llave a priori más importante. Controla las cámaras en la Asamblea y con sus dos tercios puede elaborar la Ley precisa para acomodar los plazos a sus propios intereses. Es la democracia de 2014. El Gobierno no lo ve claro. El MAS, en un más que probable gesto vinculado a la negociación, suspendió la sesión del martes, pero aseveró que hoy miércoles no perderá el tiempo.
?#Último
La Pdta del @SenadoBolivia #EvaCopa, lamenta lo sucedido en las ultimas horas en #Senkata y pide a las #FFAA replegarse a su cuarteles.
Confirmó que mañana habrá sesión plenaria en el #Senado, para debatir un anteproyecto de Ley para las nuevas elecciones generales
RA pic.twitter.com/BKbTTy51Sf
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 19, 2019
La presidenta del Senado, Eva Copa, se ha puesto el partido al hombro, y también al país. No dudó ayer, por ejemplo, en condenar la huida de la diputada Susana Rivero y su esposo, que en realidad contenía una especie de mensaje velado hacia los muchos “invitados” que no dudaron en dejar su curul ni bien se complicó el asunto. En Tarija renunció, por ejemplo, Milcíades Peñaloza, Ignacio Soruco, y otros muchos voceros de los “tiempos gloriosos” que han, literalmente, desaparecido.
En las palabras están los detalles. Las movilizaciones coordinadas por el MAS piden ahora mismo la renuncia de Jeanine Áñez y la recuperación de la institucionalidad, pero no literalmente “el retorno de Evo Morales”, como bien se cuidaron en redactar, por ejemplo, los movimientos sociales en el cabildo en Tarija.
La carta del Gobierno
Por el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, es quien va dosificando la información de la negociación; y también haciendo públicas las líneas rojas. Ayer se filtró parte de la lista de autoridades y funcionarios que han pedido asilo en la embajada de México y piden supuestamente un salvoconducto para salir del país. En la lista se cita a los ministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Javier Zavaleta, Óscar Coca o el exministro Hugo Moldiz, pero también a Evaliz Morales, que no tendría ningún caso pendiente ni nada parecido, y también algunas autoridades de menor rango que no tendrían – aparentemente – nada que ver con el conflicto para solicitar un asilo como el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna; la exdirectora de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Teresa Morales o el oficial de seguridad de información funcionario del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Sergio Daniel Martínez según información de Los Tiempos; aunque los medios que llegaron hasta allí fueron negados por los funcionarios presentes.
La carta del Gobierno parecía ser precisamente los salvoconductos, que por el momento se han negado a los ministros más polémicos, sin embargo, después de las declaraciones de Copa no es tan seguro que el objetivo del MAS ahora sea salvar su pasado y no su futuro.
Adriana Salvatierra, el activo que tuvo más poder en el MAS que queda a la luz, habla por cuerda separada y es quien sostiene la denuncia de persecución política. Justiniano niega y se atiene a la Justicia. Algunos opositores también cercanos a Áñez han presentado una avalancha de denuncias contra Morales y otras autoridades. La Fiscalía, por el momento, es sorpresivamente diligente en las actuaciones sobre los enfrentamientos – ayer informó sobre el supuesto miembro de las FARC – y también sobre la investigación por el fraude electoral aflorado en el informe de la OEA.
Sen @Adriana1989sa: @CIDH visitará #Bolivia del 22 al #25Nov y observará la situación en #DDHH sobre 3 cosas: Acusar a periodistas de sedición, detención de parlamentarios por sedición y el #DS4078 que dispone el uso de fuerzas militares eximiéndolos de responsabilidades penales pic.twitter.com/V0KAGo9H2h
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 19, 2019
El plazo finaliza el 22 de enero de 2020, aunque el Gobierno habla de 90 días para convocar según Constitución y exhibe el decreto basado en jurisprudencia preconstitucional, aunque esa salvedad se activaba en el caso de que la Presidencia hubiera recaído en el Presidente de Diputados.
De momento, los días corren y nadie ha logrado dar con la tecla acertada.
La violencia como vía de negociación
Fundamentalmente las movilizaciones se concentran en El Alto y Cochabamba y en las comunidades en la ruta de Oruro a La Paz, donde hay docenas de bloqueos. La violencia ha bajado en Cochabamba, mientras que ha elevado el tono en El Alto. La intervención en Senkata ha marcado otro punto negro, aunque en horas de la noche el Ministro de Defensa negó que el Ejército hubiera disparado un solo proyectil.
En la mesa de negociación, la violencia suma poco a ambos lados, pues la batalla se libra también entre la opinión pública y nunca olvida que de fondo, vendrán otras elecciones. Si tiene más espacio en el ámbito internacional, que no se fija en detalles, mientras Morales sigue ofreciéndose a volver para “pacificar el país” al tiempo que se enreda sobre su ascedencia real sobre los movimientos movilizados.
Apoya al periodismo independiente
Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora
¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión
Acceder
Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 69316133
