Examen Periódico Universal: 50 organizaciones presentan informes a la ONU sobre violaciones a DDHH
Ante la cercanía del Examen Periódico Universal (EPU) al que debe someterse el Estado boliviano, 50 organizaciones de la sociedad civil presentaron cinco informes que visibilizan la violación sistemática de Derechos Humanos de pueblos indígenas por efecto de proyectos grandes de...
MARCO GANDARILLAS
Ante la cercanía del Examen Periódico Universal (EPU) al que debe someterse el Estado boliviano, 50 organizaciones de la sociedad civil presentaron cinco informes que visibilizan la violación sistemática de Derechos Humanos de pueblos indígenas por efecto de proyectos grandes de infraestructura y actividades extractivistas.
El responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas informó que las 50 organizaciones contribuyeron en la elaboración de cinco informes alternativos que fueron entregados a la ONU ante la cercanía del EPU fijado para el 4 de noviembre.
El primer informe presenta evidencias de la violación del derecho al medio ambiente sano por actividades extractivistas; el segundo, evidencia la violación de DDHH de acceso al agua y a la alimentación adecuada por actividades extractivistas; el tercero, presenta pruebas sobre la violación de la consulta a los pueblos indígenas en actividades extractivas y construcción de grandes infraestructuras.
En el cuarto informe se denuncia la vulneración del derecho a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario afectados por actividades extractivistas y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, en el cual se cita el caso de la exploración sísmica de hidrocarburos en el bloque Nueva Esperanza en la provincia Abel Iturralde, y el pueblo de los Toromonas.
El quinto informe se refiere a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medioambiente en contexto de actividades extractivistas y de construcción de grandes obras de infraestructura.
“Ha sido un proceso sumamente legítimo; no estamos presentando solo la inquietud de un grupo pequeño de personas (…). Tenemos una gran preocupación porque evidenciamos que el actual modelo económico que tenemos de extracción y exportación de recursos naturales y de construcción de grandes infraestructuras como hidroeléctricas o carreteras está generando vulneración de derechos humanos de manera sistemática”, señaló Gandarillas.
El investigador especializado en extractivismo y DDHH explicó que, para el tercer examen periódico universal, se generaron desde la sociedad civil, evidencias distintas y fundamentales sobre violaciones de DDHH, debido a que, en los dos anteriores periodos de exámenes ante la ONU, no se visibilizaron violaciones de derechos vinculados al medio ambiente, extractivismo, consulta previa, tierra o territorio.
Participaron del proceso 17 organizaciones defensoras de derechos y colectivos a nivel nacional, entre la que destaca la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB); otras 14 organizaciones de la sociedad civil, especializadas en análisis e investigación entre las que se encuentran el Cedib, Cenda, Fundación Jubileo, Fundación Tierra, Probioma, APCOB, CIPCA, VCDHH, entre otras.
También contribuyeron en los informes, 10 plataformas de carácter nacional, entre las que se encuentra la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) que aglutina a 12 territorios que en diferentes partes del país están en resistencia en contra de actividades extractivistas y obras grandes de infraestructura, así como la Red Pan Amazónica (Repam) que cuenta con varias afiliadas. “Se totalizaron 50 organizaciones”, dijo.
“Yendo a lo profundo, en nuestro trabajo se ha tenido que evidenciar cómo el derecho internacional establece esa relación entre la degradación del medioambiente y los derechos humanos. En una contribución del actual Relator para los Derechos Fundamentales, John H. Knox, señala que todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”, señaló.
Señaló que también se recogieron insumos del derecho internacional, como la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medioambiente y la realización de los derechos humanos. “En tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos”, dijo.
Tomado de ANF
El responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas informó que las 50 organizaciones contribuyeron en la elaboración de cinco informes alternativos que fueron entregados a la ONU ante la cercanía del EPU fijado para el 4 de noviembre.
El primer informe presenta evidencias de la violación del derecho al medio ambiente sano por actividades extractivistas; el segundo, evidencia la violación de DDHH de acceso al agua y a la alimentación adecuada por actividades extractivistas; el tercero, presenta pruebas sobre la violación de la consulta a los pueblos indígenas en actividades extractivas y construcción de grandes infraestructuras.
En el cuarto informe se denuncia la vulneración del derecho a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario afectados por actividades extractivistas y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, en el cual se cita el caso de la exploración sísmica de hidrocarburos en el bloque Nueva Esperanza en la provincia Abel Iturralde, y el pueblo de los Toromonas.
El quinto informe se refiere a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medioambiente en contexto de actividades extractivistas y de construcción de grandes obras de infraestructura.
“Ha sido un proceso sumamente legítimo; no estamos presentando solo la inquietud de un grupo pequeño de personas (…). Tenemos una gran preocupación porque evidenciamos que el actual modelo económico que tenemos de extracción y exportación de recursos naturales y de construcción de grandes infraestructuras como hidroeléctricas o carreteras está generando vulneración de derechos humanos de manera sistemática”, señaló Gandarillas.
El investigador especializado en extractivismo y DDHH explicó que, para el tercer examen periódico universal, se generaron desde la sociedad civil, evidencias distintas y fundamentales sobre violaciones de DDHH, debido a que, en los dos anteriores periodos de exámenes ante la ONU, no se visibilizaron violaciones de derechos vinculados al medio ambiente, extractivismo, consulta previa, tierra o territorio.
Participaron del proceso 17 organizaciones defensoras de derechos y colectivos a nivel nacional, entre la que destaca la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB); otras 14 organizaciones de la sociedad civil, especializadas en análisis e investigación entre las que se encuentran el Cedib, Cenda, Fundación Jubileo, Fundación Tierra, Probioma, APCOB, CIPCA, VCDHH, entre otras.
También contribuyeron en los informes, 10 plataformas de carácter nacional, entre las que se encuentra la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) que aglutina a 12 territorios que en diferentes partes del país están en resistencia en contra de actividades extractivistas y obras grandes de infraestructura, así como la Red Pan Amazónica (Repam) que cuenta con varias afiliadas. “Se totalizaron 50 organizaciones”, dijo.
“Yendo a lo profundo, en nuestro trabajo se ha tenido que evidenciar cómo el derecho internacional establece esa relación entre la degradación del medioambiente y los derechos humanos. En una contribución del actual Relator para los Derechos Fundamentales, John H. Knox, señala que todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”, señaló.
Señaló que también se recogieron insumos del derecho internacional, como la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medioambiente y la realización de los derechos humanos. “En tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos”, dijo.
Tomado de ANF
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