“Poder, acumulación y exclusión” marcan el modelo de la soya en Bolivia
El sector soyero está caracterizado por ser un oligopolio, “en el que cuatro empresas multinacionales controlan el 85% del mercado de la soya. Esto es lo que provoca que los productores (pequeños y medianos) entren en una relación de deuda y dependencia donde ven caer su economía y pierden...



El sector soyero está caracterizado por ser un oligopolio, “en el que cuatro empresas multinacionales controlan el 85% del mercado de la soya. Esto es lo que provoca que los productores (pequeños y medianos) entren en una relación de deuda y dependencia donde ven caer su economía y pierden el control de su tierra”.
Este es uno de los varios hallazgos de la investigación realizada por experto en desarrollo y sostenibilidad de la Universidad de Calgary en Canadá, Ben McKay, con apoyo de la Fundación TIERRA. El estudio se realizó a lo largo de un año en el departamento de Santa Cruz, y con mayor énfasis en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, epicentros de la producción soyera actual en Bolivia.
Para McKay, ese proceso de oligopolio-deuda-dependencia implica una “apropiación de la base natural de la agricultura”, puesto que la semilla (transgénica) que compran los productores está bajo la propiedad intelectual de las empresas extranjeras, al igual que los insumos para la producción.
“Esto quiere decir que para obtener sus semillas, sus insumos y sus paquetes tecnológicos, los productores deben relacionarse con esas cuatro empresas, de manera que, al fin de la cosecha, estos productores tienen que vender su cosecha a esas empresas, para luego volver a comprar semillas e insumos e iniciar la siembra”, explica acerca del ciclo de relaciones de deuda y dependencia.
De esta manera, el control efectivo de la cadena de valor de la soya queda en manos de ese oligopolio de 4 empresas transnacionales.
[caption id="attachment_274304" align="alignright" width="300"] El investigador Ben McKay en Bolivia[/caption]
La investigación de McKay se plasmó en un libro titulado precisamente “Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia”, presentado en la “Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandonada. Causas y consecuencias”, en la ciudad de La Paz, en noviembre del año pasado.
De pequeños productores y grandes terratenientes
Datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) al año 2014, establecen que el 78% de los productores de soya en Santa Cruz son de pequeña escala, lo que en el contexto oriental significa que cada pequeño productor tiene 50 hectáreas o menos.
A su vez, ese 78% de pequeños productores controla solo el 9% de la tierra. Mientras tanto, los grandes productores -los que tienen más de mil hectáreas cada uno-, representan solo el 2% de los productores y controlan el 70% de la tierra. Un 20% son productores medianos (que tienen entre 51 y mil hectáreas) y controlan casi el 20% de la tierra cultivada con soya.
[caption id="attachment_274303" align="aligncenter" width="377"] Distribución de productores y tierras de soya. Fuente: ANAPO 2014[/caption]
Más allá de la evidente desigualdad en el acceso y distribución de la tierra productiva en el complejo soyero cruceño, tanto la ANAPO como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), utilizan estos datos para argumentar que el este modelo es una forma de desarrollo inclusivo: que el 78% de los productores sean de pequeña escala sería una prueba de que el complejo soyero es inclusivo y generador de empleo.
Sin embargo, “este dato no dice nada sobre si ese 78% de productores se está beneficiando realmente de la tierra, no significa que estos pequeños productores sean realmente productores. Por eso, el marco analítico que propongo busca ir más allá de los derechos de propiedad”, argumenta McKay.
Y es que, según sus hallazgos, la gran mayoría de estos pequeños productores —entre el 80 y el 95%— no tiene ni acceso a la maquinaria ni a los insumos que requiere el modelo.
“¿Qué hacen entonces estos pequeños productores que no tienen acceso ni al crédito, ni a la maquinaria ni a los insumos que requiere el modelo? Lo que hacen es alquilar sus tierras, es decir, mantienen su propiedad, mantienen su acceso a la tierra, pero no tienen acceso a participar en este modelo intensivo en capital y con esto, esos productores están de alguna manera excluidos de la producción”, explica el investigador.
Esto es lo que en su libro denomina “exclusión productiva”, una situación en la que el problema fundamental no es la desposesión directa de la tierra, tal como sucede en muchos otros países, sino que “se trata de la negación del acceso al agrocapital para los pequeños propietarios y con ello se produce la separación de la fuerza laboral de las dinámicas de acumulación del capitalismo agrario”.
Uno de los mecanismos que posibilitan esta exclusión productiva es el llamado “contrato de partida”, mediante el cual se comparte o se divide la cosecha: “un contrato en donde los beneficios del usufructo de la tierra se reparten entre quienes la trabajan y quienes poseen los derechos de la propiedad. Esto, desde mi punto de vista, es una forma de exclusión y de control que no se muestra en los datos”, agrega McKay.
Mecanización sin articulación
Otro dato brindado por la investigación, y que contradice el argumento de que éste es inclusivo y generador de empleo, es que el complejo de la soya desplaza a 11 trabajadores por cada uno que emplea.
Esto se explica “por la mecanización existente en las tareas productivas”, aunque McKay enfatiza que “esto no significa que la mecanización en los cultivos de soya sea algo malo, y tampoco se trata de eso que algún autor llamó ‘destrucción creativa’, es decir, que se destruyan y se crean, al mismo tiempo, nuevos empleos”.
El problema es, explica, que la mecanización se realiza sin articulación sectorial: “no hay vinculación entre el upstream y el downstrean, no hay vinculación alguna entre la cosecha de soya y la siembra de la semilla. La mecanización sin articulación sectorial y social, por tanto, resulta en desempleo y migración a la ciudad”.
Costos elevados para el pequeño y mediano productor
Según el investigador, uno de los factores asociados a la mecanización sin articulación tiene que ver con la relación entre costos de producción y los precios de la soya, particularmente en el mercado interno de Bolivia.
Los datos presentados por McKay muestran que los costos de producción de la soya por hectárea, entre los años 2002 y 2016, han subido en 200 dólares; los precios de la soya dentro de Bolivia en ese mismo periodo solo se incrementaron en 76 dólares.
[caption id="attachment_274305" align="alignnone" width="433"] Costos de producción y precios de soya en Bolivia, 2002-2016. Fuente: presentación McKay 2018.[/caption]
“Se puede decir que hoy (noviembre de 2018), el promedio de una tonelada de soya está en 230 dólares; por tanto, un soyero que tiene dos toneladas por hectárea va a ganar 230 dólares por dos, 460 dólares; pero ese soyero está pagando 463 dólares como costo de producción. Esto significa que los productores no excluidos, los productores medianos, en este caso están perdiendo tres dólares por hectárea, precisamente porque suben los costos”, explica.
Este hallazgo coincide con lo que advirtió hace años el consultor internacional de temas de desarrollo rural y agricultura, Mamerto Pérez, en otro estudio sobre la soya en Bolivia.
Según Pérez, esta situación se debe a “sus relativamente mayores costos de producción y menores precios recibidos por su producto”, lo que se explica “por el menor poder de negociación de los pequeños productores al comercializar su producción o comprar insumos en volúmenes pequeños y también por realizar sus labores agrícolas con maquinaria alquilada”.
En este sentido, la relación de deuda y dependencia, los contratos de partida y los demás “mecanismos de exacción”, se suman a que la participación de los pequeños y medianos productores en términos cuantitativos es significativamente menor en comparación con las otras categorías de productores.
Esto, afirma Pérez, “permite una importante apropiación del valor del excedente generado por los ‘pequeños` productores por otros actores y subsectores del complejo soyero. Por tanto, se puede conjeturar que la participación de los ‘pequeños` productores en el complejo soyero interesa y conviene a los actores y subsectores más poderosos de la cadena”, particularmente los que están más cercanamente vinculados con capitales extranjeros y con los eslabones exportadores de la cadena soyera.
Complejo soyero: economía de enclave
McKay coincide con Pérez al encontrar que “el carácter oligopólico del mercado de la soya en Santa Cruz provoca lo que en el estudio llamamos apropiación del plusvalor”. Una de las evidencias que presenta es que, en el procesamiento de la soya, cada empresa gana 30 dólares por tonelada métrica. “En 2016, en la cosecha del verano, esa ganancia significó la suma de casi 60 millones de dólares, solo por el procesamiento de la soya en harina y aceite”, afirma.
[caption id="attachment_274306" align="alignnone" width="512"] Economía de enclave y sin articulación con productores pequeños y medianos. Presentación McKay 2018[/caption]
Por otra parte, el investigador agrega que el aumento de los costos de producción de pequeños y medianos productores tiene que ver “con la llegada de los transgénicos, y porque los costos de los insumos crecen permanentemente. En 2006, el costo de una tonelada de semillas era de 374 dólares; en 2012, esa misma tonelada de semillas costó 738 dólares”.
A ello debe agregarse el aumento de la cantidad de agroquímicos usados en los cultivos de soya: “desde 2010, la cantidad de agroquímicos utilizados en el complejo de soya en Santa Cruz se triplicó. También están subiendo los costos de servicios: de preparación del suelo, de siembra, de fumigación y la cosecha”.
Por supuesto, los proveedores de semillas e insumos de creciente costo son parte de los eslabones más poderosos y privilegiados de la cadena de la soya, quienes compran barato al pequeño y mediano productor, le dan un procesamiento muy básico y lo exportan a precios internacionales, con ganancias significativas.
Esto se da porque las agroempresas, cuyo producto es la soya como materia prima semiprocesada, están estrechamente vinculadas al mercado externo, a la exportación. “La gran mayoría de la soya producida en Santa Cruz —cerca del 90%— se destina a la exportación”, enfatiza.
¿Agroindustria o agroextractivismo?
McKay considera que “lo que tenemos en Bolivia es simple y llanamente exportación de materia prima semiprocesada en grandes volúmenes, la concentración en la cadena de valor y desarticulación sectorial, la alta intensidad en la degradación ambiental -con un promedio de 200 mil hectáreas de bosque deforestadas cada año- y finalmente el deterioro de las oportunidades y las condiciones laborales”.
En este sentido, la producción de soya no está industrializando el campo en Bolivia, sino que simplemente está extrayendo del campo. “Esto no es agroindustria, esto es agroextractivismo”, enfatiza el experto.
El modelo es precisamente parte de la propuesta del Banco Mundial en 2008 para salir de la pobreza rural, y que Bolivia ha cumplido: la agricultura debía integrarse a la cadena de valor agroindustrial.
“Esto es lo que ha pasado en el complejo de la soya en Santa Cruz y lo que vemos hoy como resultado es una trayectoria truncada de cambio agrario. La agricultura en Santa Cruz está excluyendo a mucha gente, está creando relaciones de dependencia que le impide a esa gente vivir en el largo plazo bajo este modelo”, sentencia.
[caption id="attachment_274309" align="aligncenter" width="416"] Gobierno y agroempresarios: una alianza impensada hace diez años.[/caption]
Este es uno de los varios hallazgos de la investigación realizada por experto en desarrollo y sostenibilidad de la Universidad de Calgary en Canadá, Ben McKay, con apoyo de la Fundación TIERRA. El estudio se realizó a lo largo de un año en el departamento de Santa Cruz, y con mayor énfasis en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, epicentros de la producción soyera actual en Bolivia.
Para McKay, ese proceso de oligopolio-deuda-dependencia implica una “apropiación de la base natural de la agricultura”, puesto que la semilla (transgénica) que compran los productores está bajo la propiedad intelectual de las empresas extranjeras, al igual que los insumos para la producción.
“Esto quiere decir que para obtener sus semillas, sus insumos y sus paquetes tecnológicos, los productores deben relacionarse con esas cuatro empresas, de manera que, al fin de la cosecha, estos productores tienen que vender su cosecha a esas empresas, para luego volver a comprar semillas e insumos e iniciar la siembra”, explica acerca del ciclo de relaciones de deuda y dependencia.
De esta manera, el control efectivo de la cadena de valor de la soya queda en manos de ese oligopolio de 4 empresas transnacionales.
[caption id="attachment_274304" align="alignright" width="300"] El investigador Ben McKay en Bolivia[/caption]
La investigación de McKay se plasmó en un libro titulado precisamente “Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia”, presentado en la “Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandonada. Causas y consecuencias”, en la ciudad de La Paz, en noviembre del año pasado.
De pequeños productores y grandes terratenientes
Datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) al año 2014, establecen que el 78% de los productores de soya en Santa Cruz son de pequeña escala, lo que en el contexto oriental significa que cada pequeño productor tiene 50 hectáreas o menos.
A su vez, ese 78% de pequeños productores controla solo el 9% de la tierra. Mientras tanto, los grandes productores -los que tienen más de mil hectáreas cada uno-, representan solo el 2% de los productores y controlan el 70% de la tierra. Un 20% son productores medianos (que tienen entre 51 y mil hectáreas) y controlan casi el 20% de la tierra cultivada con soya.
[caption id="attachment_274303" align="aligncenter" width="377"] Distribución de productores y tierras de soya. Fuente: ANAPO 2014[/caption]
Más allá de la evidente desigualdad en el acceso y distribución de la tierra productiva en el complejo soyero cruceño, tanto la ANAPO como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), utilizan estos datos para argumentar que el este modelo es una forma de desarrollo inclusivo: que el 78% de los productores sean de pequeña escala sería una prueba de que el complejo soyero es inclusivo y generador de empleo.
Sin embargo, “este dato no dice nada sobre si ese 78% de productores se está beneficiando realmente de la tierra, no significa que estos pequeños productores sean realmente productores. Por eso, el marco analítico que propongo busca ir más allá de los derechos de propiedad”, argumenta McKay.
Y es que, según sus hallazgos, la gran mayoría de estos pequeños productores —entre el 80 y el 95%— no tiene ni acceso a la maquinaria ni a los insumos que requiere el modelo.
“¿Qué hacen entonces estos pequeños productores que no tienen acceso ni al crédito, ni a la maquinaria ni a los insumos que requiere el modelo? Lo que hacen es alquilar sus tierras, es decir, mantienen su propiedad, mantienen su acceso a la tierra, pero no tienen acceso a participar en este modelo intensivo en capital y con esto, esos productores están de alguna manera excluidos de la producción”, explica el investigador.
Esto es lo que en su libro denomina “exclusión productiva”, una situación en la que el problema fundamental no es la desposesión directa de la tierra, tal como sucede en muchos otros países, sino que “se trata de la negación del acceso al agrocapital para los pequeños propietarios y con ello se produce la separación de la fuerza laboral de las dinámicas de acumulación del capitalismo agrario”.
Uno de los mecanismos que posibilitan esta exclusión productiva es el llamado “contrato de partida”, mediante el cual se comparte o se divide la cosecha: “un contrato en donde los beneficios del usufructo de la tierra se reparten entre quienes la trabajan y quienes poseen los derechos de la propiedad. Esto, desde mi punto de vista, es una forma de exclusión y de control que no se muestra en los datos”, agrega McKay.
Mecanización sin articulación
Otro dato brindado por la investigación, y que contradice el argumento de que éste es inclusivo y generador de empleo, es que el complejo de la soya desplaza a 11 trabajadores por cada uno que emplea.
Esto se explica “por la mecanización existente en las tareas productivas”, aunque McKay enfatiza que “esto no significa que la mecanización en los cultivos de soya sea algo malo, y tampoco se trata de eso que algún autor llamó ‘destrucción creativa’, es decir, que se destruyan y se crean, al mismo tiempo, nuevos empleos”.
El problema es, explica, que la mecanización se realiza sin articulación sectorial: “no hay vinculación entre el upstream y el downstrean, no hay vinculación alguna entre la cosecha de soya y la siembra de la semilla. La mecanización sin articulación sectorial y social, por tanto, resulta en desempleo y migración a la ciudad”.
Costos elevados para el pequeño y mediano productor
Según el investigador, uno de los factores asociados a la mecanización sin articulación tiene que ver con la relación entre costos de producción y los precios de la soya, particularmente en el mercado interno de Bolivia.
Los datos presentados por McKay muestran que los costos de producción de la soya por hectárea, entre los años 2002 y 2016, han subido en 200 dólares; los precios de la soya dentro de Bolivia en ese mismo periodo solo se incrementaron en 76 dólares.
[caption id="attachment_274305" align="alignnone" width="433"] Costos de producción y precios de soya en Bolivia, 2002-2016. Fuente: presentación McKay 2018.[/caption]
“Se puede decir que hoy (noviembre de 2018), el promedio de una tonelada de soya está en 230 dólares; por tanto, un soyero que tiene dos toneladas por hectárea va a ganar 230 dólares por dos, 460 dólares; pero ese soyero está pagando 463 dólares como costo de producción. Esto significa que los productores no excluidos, los productores medianos, en este caso están perdiendo tres dólares por hectárea, precisamente porque suben los costos”, explica.
Este hallazgo coincide con lo que advirtió hace años el consultor internacional de temas de desarrollo rural y agricultura, Mamerto Pérez, en otro estudio sobre la soya en Bolivia.
Según Pérez, esta situación se debe a “sus relativamente mayores costos de producción y menores precios recibidos por su producto”, lo que se explica “por el menor poder de negociación de los pequeños productores al comercializar su producción o comprar insumos en volúmenes pequeños y también por realizar sus labores agrícolas con maquinaria alquilada”.
En este sentido, la relación de deuda y dependencia, los contratos de partida y los demás “mecanismos de exacción”, se suman a que la participación de los pequeños y medianos productores en términos cuantitativos es significativamente menor en comparación con las otras categorías de productores.
Esto, afirma Pérez, “permite una importante apropiación del valor del excedente generado por los ‘pequeños` productores por otros actores y subsectores del complejo soyero. Por tanto, se puede conjeturar que la participación de los ‘pequeños` productores en el complejo soyero interesa y conviene a los actores y subsectores más poderosos de la cadena”, particularmente los que están más cercanamente vinculados con capitales extranjeros y con los eslabones exportadores de la cadena soyera.
Complejo soyero: economía de enclave
McKay coincide con Pérez al encontrar que “el carácter oligopólico del mercado de la soya en Santa Cruz provoca lo que en el estudio llamamos apropiación del plusvalor”. Una de las evidencias que presenta es que, en el procesamiento de la soya, cada empresa gana 30 dólares por tonelada métrica. “En 2016, en la cosecha del verano, esa ganancia significó la suma de casi 60 millones de dólares, solo por el procesamiento de la soya en harina y aceite”, afirma.
[caption id="attachment_274306" align="alignnone" width="512"] Economía de enclave y sin articulación con productores pequeños y medianos. Presentación McKay 2018[/caption]
Por otra parte, el investigador agrega que el aumento de los costos de producción de pequeños y medianos productores tiene que ver “con la llegada de los transgénicos, y porque los costos de los insumos crecen permanentemente. En 2006, el costo de una tonelada de semillas era de 374 dólares; en 2012, esa misma tonelada de semillas costó 738 dólares”.
A ello debe agregarse el aumento de la cantidad de agroquímicos usados en los cultivos de soya: “desde 2010, la cantidad de agroquímicos utilizados en el complejo de soya en Santa Cruz se triplicó. También están subiendo los costos de servicios: de preparación del suelo, de siembra, de fumigación y la cosecha”.
Por supuesto, los proveedores de semillas e insumos de creciente costo son parte de los eslabones más poderosos y privilegiados de la cadena de la soya, quienes compran barato al pequeño y mediano productor, le dan un procesamiento muy básico y lo exportan a precios internacionales, con ganancias significativas.
Esto se da porque las agroempresas, cuyo producto es la soya como materia prima semiprocesada, están estrechamente vinculadas al mercado externo, a la exportación. “La gran mayoría de la soya producida en Santa Cruz —cerca del 90%— se destina a la exportación”, enfatiza.
¿Agroindustria o agroextractivismo?
McKay considera que “lo que tenemos en Bolivia es simple y llanamente exportación de materia prima semiprocesada en grandes volúmenes, la concentración en la cadena de valor y desarticulación sectorial, la alta intensidad en la degradación ambiental -con un promedio de 200 mil hectáreas de bosque deforestadas cada año- y finalmente el deterioro de las oportunidades y las condiciones laborales”.
En este sentido, la producción de soya no está industrializando el campo en Bolivia, sino que simplemente está extrayendo del campo. “Esto no es agroindustria, esto es agroextractivismo”, enfatiza el experto.
El modelo es precisamente parte de la propuesta del Banco Mundial en 2008 para salir de la pobreza rural, y que Bolivia ha cumplido: la agricultura debía integrarse a la cadena de valor agroindustrial.
“Esto es lo que ha pasado en el complejo de la soya en Santa Cruz y lo que vemos hoy como resultado es una trayectoria truncada de cambio agrario. La agricultura en Santa Cruz está excluyendo a mucha gente, está creando relaciones de dependencia que le impide a esa gente vivir en el largo plazo bajo este modelo”, sentencia.
[caption id="attachment_274309" align="aligncenter" width="416"] Gobierno y agroempresarios: una alianza impensada hace diez años.[/caption]