Exsenador reconoce que investigación de la privatización apunta a un "juicio político"

El exsenador y primer presidente de la Comisión Especial Mixta que investigó la Privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, manifestó que las indagaciones no son solo un acto “testimonial” sino un “juicio político” en contra de los “saqueadores de la patria”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional conformó la Comisión Especial Mixta para investigar el proceso de privatización y capitalización en el país, en agosto de la gestión 2013, después de cinco años y medio este martes se dio inicio a la lectura del informe, aunque demandará tres días para terminar.

Mendoza fue uno de los primeros presidentes de la comisión en su calidad de senador en ese periodo legislativo, este martes dijo que los resultados de la investigación tienen que quedar en la memoria de los bolivianos, porque se trata de “un juicio histórico contra los saqueadores de la patria”.

“No es solo un acto testimonial, es un acto profundamente político, hay que decirlo así, porque es un juicio político muy comparable (del juicio de) Marcelo Quiroga Santa Cruz a (Hugo) Banzer por la dictadura”, declaró el exsenador.

El informe se remite a las gestiones del denominado periodo neoliberal, cita claramente a las gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer, Víctor Hugo Cárdenas, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa y una extensa lista de exministros de Estado e incluso familiares, el reporte establece que se armó una red de poder.

Mendoza considera que es posible recuperar los recursos económicos producto de la enajenación de las empresas estratégicas de Bolivia y reconoce que se trata de un juicio político.

El presidente de la comisión, Rubén Medinacelli, manifestó que el daño económico asciende a más de 10.000 millones de dólares por la venta, concesiones o entrega de las empresas del Estado.

Se trata de “develar ante el país los sentidos del saqueo neoliberal”, sostuvo, aunque no quiso adelantar las consecuencias jurídicas de este proceso y dejó que la justicia que asuman las medidas que corresponden.

La comisión recomienda que el documento con más de 2.700 páginas sea remitido al Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Justicia.
Tomado de ANF