Gobierno registró dos conflictos sociales por día el 2018
El Ministerio de Gobierno informó que en la gestión 2018 se registraron dos conflictos por día en distintos puntos del país, de los cuales esta cartera de Estado medió en 311 hechos. “El 2018, el Ministerio de Gobierno ha participado en la mediación y en la resolución de 311...
Manifestantes frente a los policías en inmediaciones del TSE en La Paz. Foto archivo ANF.
El Ministerio de Gobierno informó que en la gestión 2018 se registraron dos conflictos por día en distintos puntos del país, de los cuales esta cartera de Estado medió en 311 hechos.
“El 2018, el Ministerio de Gobierno ha participado en la mediación y en la resolución de 311 conflictos sociales, equivalente a un 42% del total de los conflictos que se han registrado y que significa 748 conflictos”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, durante el acto de rendición pública de cuentas del Ministerio de Gobierno.
Quiroga destacó que lograron resolver 311 conflictos sociales por la vía del diálogo y sin recurrir a la represión.
Entre los conflictos más sobresalientes están:
La movilización de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en demanda de mayor presupuesto, que terminó con la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila y por este hecho ahora se encuentra encarcelado el subteniente Cristian Casanova.
El conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que exigía respeto a sus predios ubicados en Villa Fátima, La Paz, y a su dirigencia encabezado por Franclin Gutiérrez.
El problema provocó varias movilizaciones durante el 2018 e incluso en agosto se registraron enfrentamientos entre cocaleros y policías en La Asunta, dejando un policía y dos civiles fallecidos en el marco de acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca.
El caso está en investigación y Gutiérrez junto a otros cocaleros fueron detenidos por la muerte del efectivo policial, sin embargo, por la muerte de los productores no hay ningún capturado.
Otro conflicto es el registrado en Roboré, donde autoridades locales y pobladores realizaron un paro cívico indefinido con bloqueo de la carretera bioceánica y de la línea férrea que atraviesa el sector en defensa de reservas municipales y exigiendo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la anulación de los asentamientos de campesinos en áreas protegidas.
Por otro lado, las plataformas ciudadanas y otros grupos sociales realizaron varias movilizaciones a lo largo del año exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva repostulación al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera.
Las movilizaciones se masificaron y en diciembre incluso se registraron destrozos en ambientes del ente electoral en Santa Cruz y otras oficinas públicas.
El sector de los médicos también realizó medidas de presión expresando su desacuerdo con la implementación del Sistema Único de Salud sin las condiciones necesarias en los nosocomios y sin el presupuesto adecuado.
Otros sectores como los pacientes con cáncer, pobladores de Copacabana, gremiales, entre otros, asimismo se movilizaron en demanda de atención a sus requerimientos.
Tomado de ANF
“El 2018, el Ministerio de Gobierno ha participado en la mediación y en la resolución de 311 conflictos sociales, equivalente a un 42% del total de los conflictos que se han registrado y que significa 748 conflictos”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, durante el acto de rendición pública de cuentas del Ministerio de Gobierno.
Quiroga destacó que lograron resolver 311 conflictos sociales por la vía del diálogo y sin recurrir a la represión.
Entre los conflictos más sobresalientes están:
La movilización de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en demanda de mayor presupuesto, que terminó con la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila y por este hecho ahora se encuentra encarcelado el subteniente Cristian Casanova.
El conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que exigía respeto a sus predios ubicados en Villa Fátima, La Paz, y a su dirigencia encabezado por Franclin Gutiérrez.
El problema provocó varias movilizaciones durante el 2018 e incluso en agosto se registraron enfrentamientos entre cocaleros y policías en La Asunta, dejando un policía y dos civiles fallecidos en el marco de acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca.
El caso está en investigación y Gutiérrez junto a otros cocaleros fueron detenidos por la muerte del efectivo policial, sin embargo, por la muerte de los productores no hay ningún capturado.
Otro conflicto es el registrado en Roboré, donde autoridades locales y pobladores realizaron un paro cívico indefinido con bloqueo de la carretera bioceánica y de la línea férrea que atraviesa el sector en defensa de reservas municipales y exigiendo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la anulación de los asentamientos de campesinos en áreas protegidas.
Por otro lado, las plataformas ciudadanas y otros grupos sociales realizaron varias movilizaciones a lo largo del año exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva repostulación al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera.
Las movilizaciones se masificaron y en diciembre incluso se registraron destrozos en ambientes del ente electoral en Santa Cruz y otras oficinas públicas.
El sector de los médicos también realizó medidas de presión expresando su desacuerdo con la implementación del Sistema Único de Salud sin las condiciones necesarias en los nosocomios y sin el presupuesto adecuado.
Otros sectores como los pacientes con cáncer, pobladores de Copacabana, gremiales, entre otros, asimismo se movilizaron en demanda de atención a sus requerimientos.
Tomado de ANF
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